El Gobierno ha introducido una enmienda al proyecto de reforma de ley orgánica del Código Penal en la comisión de Justicia del Senado, que recoge penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses para aquellos empresarios que impongan a sus trabajadores mediante engaño condiciones laborales o de Seguridad Social que les perjudiquen.
La reforma también contempla que los empresarios recibirán el mismo castigo si dan ocupación simultáneamente a varios trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social. Además, se penará a los que en las transmisiones de empresas mantengan esas condiciones perjudiciales para los trabajadores, mientras que a los que lleven a cabo esas conductas con violencia o intimidación se les impondrán las penas superiores en grado.
Por otro lado, tal y como recoge El Mundo, la modificación del Código Penal incluye un nuevo subtipo de delito agravado para las «conductas más graves» en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasan a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y que prescribirán en un plazo de diez años, frente a los cinco actuales.
