El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias con el objetivo de mejorar su protección en todas las transacciones a distancia.
El texto incorpora la Directiva Europea de Derechos de los Consumidores, refuerza la seguridad jurídica de los consumidores y empresarios en operaciones de comercio electrónico o amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales, se completa la información que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y se les dota de nuevos derechos en cuanto a los plazos de entrega y riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido.
Asimismo, establece que el consumidor tenga que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción para evitar las cargas encubiertas y que en los contratos telefónicos, el consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS.
«A partir de ahora, los españoles podrán llevar a cabo operaciones de comercio electrónico, suscribir contratos a distancia y fuera del establecimiento de empresarios con mayor confianza y garantías», ha afirmado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que la norma será también «positiva para los empresarios, que podrán incrementar su actividad, ya que una mayor garantía de los derechos de los consumidores, impulsará el uso de las nuevas tecnologías como un medio seguro para bienes y servicios».
