La Ley de Emprendedores ha recibido el visto bueno del Banco de España, que ha considerado en su último boletín económico, que los avances que introduce, debería «favorecer la supervivencia de negocios viables y facilitar el emprendimiento y la innovación».
El instituto regulador señala que introduce una «cierta complejidad en el entramado institucional español», pero que no obstante «mantiene el sesgo» favorable a las empresas de menor tamaño.
El organismo también recuerda que España presenta «debilidades institucionales que dificultan una adecuada dinámica empresarial» y que ocupa el puesto 136 de 185 países en cuanto a la facilidad de crear un negocio de la publicación Doing Business 2013, del Banco Mundial.
En concreto, el Banco de España destaca los cambios que introduce la ley en el régimen legal de insolvencia, sobre todo en el caso de autónomos y pequeños empresarios, al introducir la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que impide, por ejemplo, que en muchos casos se pueda perder la vivienda por las deudas del negocio.
También en casos de insolvencia, la ley posibilita una segunda oportunidad o fresh start, un mecanismo extrajudicial al que podrán acogerse autónomos y empresas con pasivos inferiores a cinco millones de euros, que permite el diseño de un plan de pagos, con quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta tres años.
IVA de caja
El Banco de España también valora el sistema de gestión del IVA, que se liquida mediante el criterio de caja para empresas y autónomos cuyo volumen de operaciones no supere los dos millones, lo que les permitirá no tener que pagar el impuesto hasta que les sea abonado el importe de la factura.
El supervisor considera positiva, para la creación de empresas tecnológicas, la eliminación del límite de aplicación de la deducción por el I+D+i en el impuesto de sociedades, así como la posibilidad de solicitar el abono de las cantidades que no se hayan podido aplicar por haber tenido pérdidas o por insuficiencia de cuota.
Por último, el banco resalta la reducción de las cargas administrativas para las empresas, gracias a la introducción de la regla one-in one-out, que obliga a las administraciones públicas a compensar cada nueva traba administrativa con la eliminación de otra ya existente, al tiempo que las pymes tendrán más facilidades para optar a licitaciones públicas.
