Cada tres minutos un trabajador descubre que su empresa ha decidido borrar remotamente los datos de su dispositivo. El auge del fenómeno Bring Your Own Device (BYOD) ha permitido por un lado que las empresas comiencen a permitir que los trabajadores utilicen sus propios smartphones, tablets y ordenadores personales; pero por otro, a establecer políticas más estrictas a la hora de gestionar no tanto la seguridad de dichos dispositivos, sino de la información que puede contener (especialmente la corporativa/confidencial).
Tal y como declara la empresa especializada en gestión de dispositivos móviles Fiberlink (propiedad de IBM), en los primeros seis meses de este 2014, MaaS 360 (su software de gestión de dispositivos), ha borrado datos de forma remota de nada menos que 81.000 smartphones, tablets y equipos portátiles. Se trata de una cifra más que notable, si tenemos en cuenta que en todo 2013 «únicamente» se eliminaron los datos de 51.000 dispositivos.
Nos encontramos en este sentido, con las dos caras de la moneda del fenómeno. ¿La amable y más apreciada por lo trabajadores? El poder contar con empresas que no sólo les permiten llevar sus propios dispositivos al trabajo, sino que están dispuestas a financiarlos en parte o compartir gastos en facturas de teléfono o consumo de datos. ¿La menos conocida y más inquietante? El hecho de que aunque el trabajador cuente con las ventajas de poder utilizar su dispositivo personal, cede a la organización al menos una parte del mismo, que como hemos visto puede ser eliminada remotamente sin previo aviso.
Una respuesta lógica podría ser que el trabajador decidiese no sumarse al fenómeno BYOD, mostrándose más que dispuesto a utilizar el equipamiento que la empresa le quiera ofrecer, por más obsoleto que resulte. ¿Pero qué ocurre cuándo no existe esa posibilidad? ¿Y si es la empresa la que no ofrece, sino que impone el BYOD?
Según Gartner, para el año 2017, la mitad de las grandes empresas americanas dejarán de proveer a sus empleados con equipamiento mobile (el clásico teléfono de empresa), para imponerles directamente que utilicen su smartphone personal. Por supuesto, será una imposición sujeta a financiación y/o renovación de terminales al gusto del empleado pero no olvidemos que en cualquier caso hablamos de una obligación, del clásico «es lo que hay».
Muchos pueden argumentar que en realidad, las empresas tienen la capacidad de crear compartimentos «estancos» dentro de los terminales de sus empleados. Compartimentos que son teóricamente los empleados para instalar las Apps de empresa y almacenar la información con la que se trabaja. Y empresas como Samsung trabajan desde hace tiempo en ello gracias a soluciones como Knox.
Pero en realidad y al menos de momento, el empleado encuentra confusa y poco práctica esta división entre espacios, lo que le lleva en muchos casos a almacenar información personal (fotos, documentos, etc.) en el área profesional. ¿La consecuencia? Cuando la empresa decide que es necesario borrar la parte corporativa de un terminal, desaparece también buena parte de información personal. Y esto cuando existe una división «física» dentro del terminal porque en ocasiones dicha división no se implementa y el borrado es completo.
