La morosidad se ha convertido en la tercera preocupación de las pymes. Así lo ha puesto de manifiesto la última encuesta de Entorno Empresarial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Preocupa más la tardanza en el cobro de clientes incluso que la propia financiación que proporcionan las entidades financieras, que se ha situado como la cuarta preocupación de los dueños de las pymes.
Esta situación se produce, a pesar de que los datos de morosidad reflejan una notable mejoría respecto al año 2011, que fue cuando se alcanzaron los peores registros. El retraso en el abono de facturas sobre la cifra de ventas ha conducido a una mejora de la morosidad desde el 8,9% máximo de 2011 hasta el 3% de 2016, según datos VIII Diagnóstico Financiero de la Empresa Española, elaborado por Eada Business School de Barcelona con el patrocinio de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
El plazo medio de cobro también se ha reducido desde los 87 días máximo en 2011 hasta los 65 mínimo a que había descendido el año pasado. El retraso en los pagos constituye un condicionante esencial para las empresas. Puede ser incluso motivo de cierre de negocio.
Normativa
Los gobiernos españoles han establecido normas para reducir la morosidad, como la ley de 2010 que establecía un plazo de pago máximo de 60 días y otra serie de normas con las que se ha traspuesto la directiva europea en la materia. Es importante que no sólo las empresas sino también las administraciones públicas cumplan con los plazos de pago a los proveedores.
Por delante de la morosidad, las principales preocupaciones de los empresarios son la demanda de sus productos y el entorno macroeconómico, siempre según la encuesta de Entorno Empresarial del INE.
