Los taxistas van a por todas en su guerra contra Cabify y Uber. Tras los paros del sector la semana pasada, hoy presentan una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra Cabify al considerar que esta firma cuenta con un entramado de veinte empresas y administradores, con el fin de dotarlas de lotes de licencias para operar vehículos de alquiler con conductor (VTC) y posteriormente revenderlas.
Así lo anunció ayer Fedetaxi, que también ve «indicios suficientes» de que se haya incumplido la normativa tributaria por parte de este conglomerado.
La organización de taxistas considera que el hecho de que las empresas de VTC, como Cabify y Uber, manifestaran su rechazo a las medidas anunciadas por el Ministerio de Fomento para evitar especulación con licencias para operar en el sector «ponen de manifiesto la realidad de un mercado secundario especulativo y desregulado de licencias».
En este punto, consideran que mientras el taxi cuenta con suficientes controles para evitar especulación y asegurar que las licencias se adquieren para explotar el servicio, «la desregulación de las VTC escapa al control administrativo y además traslada su coste al precio que paga el usuario».
«Los taxistas no pedimos la prohibición absoluta de transmitir VTC, sino que se les obligue a explotar las autorizaciones a quien las solicitó, imponiendo límites temporales a la reventa como los 2 años que tienen las de taxis en Madrid», indicó el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal. «Pedimos que se impida especular en su reventa por lotes y que Hacienda revise las transmisiones efectuadas», añadió en un comunicado.
Ante la denuncia de los taxistas, Cabify ha emitido un comunicado en el que señala que «todas las licencias VTC que explotan los transportistas que colaboran con Cabify han sido legítimamente autorizadas por la Administración autonómica, motivo por el cual la acusación de transmisión “desregulada” de las VTC carece de fundamento y es absolutamente falsa».
Por otro lado y con respecto al entramado societario que se denuncia desde Fedetaxi, en la startup se defienden afirmando que «pese a las diversas inspecciones soportadas (a solicitud, en muchos casos, de la propia Fedetaxi), no se ha incoado a Cabify procedimiento sancionador alguno por razón de su actividad u organización societaria, puesto que no existe indicio alguno de ilegalidad que justifique la iniciación de ningún procedimiento por tales motivos».
