El ministerio de Fomento cede ante algunas de las reclamaciones de los taxistas y todo a apunta a que en las próximas semanas se aprobarán por Real Decreto, una serie de medidas encaminadas a regular de forma más estricta la actividad de las empresas que ofrecen servicios VTC (como Uber o Cabify) y sus empresas asociadas.
Una de las más novedosas es que si cumple son sus intenciones, obligará a la creación de registros electrónicos públicos por las administraciones competentes, en los que deberán registrarse estos servicios de manera previa a su prestación.
Con ello, se pretende garantizar la exigencia del requisito de contratación previa que rige para este tipo de vehículos, evitando que capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de concentración y generación de demanda, como son los puertos, los aeropuertos o las estaciones ferroviarias.
Fomento explica que, de esta manera, también se podrá realizar un control «mucho más eficaz» del cumplimiento de la norma de habitualidad, por la que se permite a una autorización de VTC realizar hasta un máximo del 20% de los servicios, computado trimestralmente, fuera del territorio de la comunidad autónoma que le otorgó la licencia.
La nueva normativa también quiere acabar con el supuesto mercado de reventa de licencias VTC. En este sentid, probablemente se incluirá la prohibición de la transmisión de autorizaciones de vehículos VTC durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento, para evitar su uso con fines especulativos.
Finalmente, también se ha iniciado la tramitación de una norma para el establecimiento de matrículas diferenciadas para los vehículos destinados al servicio de taxi y VTC, y con la que se pretendería frenar el intrusismo y la «piratería» en el sector.
