El Gobierno debe presentar antes de ocho meses una propuesta para ejecutar el desfase de más de 800 millones en políticas de formación continua que ha acumulado entre 2004 y 2007.
Antes de julio de 2009, el Ejecutivo tendrá que consultar con los interlocutores sociales, para que efectivamente se ejecute la totalidad de los recursos presupuestados para programas de Formación Continua, con el objetivo de que se gasten realmente todas las partidas para «mejorar la empleabilidad de los trabajadores».
El Gobierno ha reconociido en una respuesta escrita al portavoz de Trabajo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, que ha dejado sin ejecutar algo más de 800 millones presupuestados para Formación Continua en el período 2004-2007.
Desde la federación catalana esto se considera un «escándalo indignante», ya que la formación continua de los trabajadores constituye uno de los pilares en los que debería ser la mejora de la competitividad de la economía.
La propuesta inicial de CiU planteaba que este importe sea íntegramente transferido a la comunidades autónomas aunque finalmente únicamente se ha aprobado una llamada de atención al ejecutivo socialista. Ésta es una vieja reclamación de varias comunidades autónomas, que ha motivado diversas sentencias del Tribunal Constitucional en las que obliga al Ejecutivo a traspasar los recursos correspondientes a la formación continua de los trabajadores.
