Hasta 4.000 millones de euros aportan las empresas de economía social a la cohesión social y territorial de nuestro país, según el estudio ‘El impacto socioeconómico de los principios de las empresas de economía social’, realizado por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).
Según la formación, integrada por más de 45.000 empresas –emplean a 2.350.000 personas y su facturación ronda los 100.000 millones de euros–, los datos no hacen más que “constatar la solidez del sector y la necesidad de que las empresas de economía social sean uno de los protagonistas del nuevo modelo productivo que se pretende construir. La apuesta del este sector empresarial por generar una economía basada principalmente en las personas, en la calidad y estabilidad en el empleo, la competitividad, el desarrollo local, el espíritu emprendedor, la solidaridad o la innovación, queda avalada por este informe pionero y revelador de la aportación de este tipo de empresas en el actual contexto socio económico”. Son palabras de Juan Antonio Pedreño, el presidente de CEPES, para el cual la Ley 5/2011 de Economía Social va a contribuir a visualizar este modelo de empresa, “cuyas características y principios de funcionamiento, si bien se han analizado ampliamente desde diferentes disciplinas, ha sido difícil traducirlos a efectos cuantificables y valorables”.
Este estudio, según las explicaciones de la confederación, contempla unos beneficios directos de unos 2.845 millones de euros anuales, que provienen de las rentas netas generadas y percibidas por familias, empresas y administraciones públicas vinculadas a la contribución de estas empresas a la cohesión social. “Los beneficios indirectos a la cohesión social, que se corresponden con el gasto que no se ha realizado gracias al comportamiento diferencial de las empresas de economía social, se cifran en 560 millones de euros anuales. Lo que implica que los beneficios totales, directos e indirectos, asociados a la contribución a la cohesión social ascienden a 3.405 millones de euros anuales”.
Por otro lado, en lo que respecta a la cohesión territorial, las ventajas directas ascienden a 393 millones de euros, de los que la mayor parte son las rentas salariales netas de los trabajadores y el resto corresponde a la recaudación fiscal por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social. “A esas cifras se añaden otros 132 millones de euros en beneficios indirectos, correspondientes al ahorro de prestaciones contributivas y asistenciales ligadas a las situaciones de desempleo. Por lo tanto, los beneficios totales correspondientes al eje de cohesión territorial se cifran en unos 525 millones de euros anuales”.