La Comisión Europea quiere proteger a las empresas de la UE de las principales estafas comerciales que las distintas entidades nacionales han detectado en los últimos años.
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, destacó recientemente la necesidad de «combatir las estafas dirigidas contra las empresas y garantizar que los culpables no puedan ampararse tras las fronteras nacionales».
El objetivo de las nuevas medidas impulsadas por Bruselas es proteger mejor a las empresas, los profesionales y ONG europeos frente a operadores engañosos que emplean prácticas como por ejemplo, el envío de formularios solicitando que actualice detalles de su directorio, aparentemente de forma gratuita, y posteriormente endosándole cuotas anuales. Según cálculos de la propia Comisión, este fraude tiene un coste de entre 1.000 y 5.000 euros por empresa y año.
Las pequeñas empresas son «particularmente vulnerables» a las estafas de este tipo de operadores fraudulentos, que a menudo operan desde otra jurisdicción dentro de la UE, lo cual dificulta combatir tales prácticas, señaló la comisaria.
Por ello, Reding anunció que tiene previsto completar la legislación existente, para prohibir explícitamente prácticas como la ocultación de la finalidad comercial de una comunicación y, al mismo tiempo, reforzar la aplicación de las normas en casos transfronterizos.
Con el fin de garantizar que todos se atengan a las normas, la Comisión contempla endurecer las sanciones en caso de infracción, y pide a los Estados miembros que velen para que su legislación establezca unas sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias».
La CE también propone a cada Estado miembro la creación una autoridad con poderes necesarios para garantizar la aplicación de las normas de relaciones las relaciones entre empresas, lo cual hoy no ocurre en todos los países de la UE. Asimismo, la Comisión establecerá una red para facilitar la cooperación e intercambio de información entre las autoridades nacionales.
