Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que la limitación de la jubilación anticipada y parcial garantiza la solidez del sistema de pensiones a largo plazo y debe verse como un «mensaje de tranquilidad». Por otro lado, la ministra ha apuntado que estas jubilaciones tienen en la actualidad un coste cada ejercicio de 9.900 millones de euros, mientras que «cuando estén en marcha los cambios, el ahorro será de 4.860 millones de euros».
En su opinión, «no tiene sentido» pedir a los españoles que retrasen la jubilación a 67 años, cuando en 2012 una de cada dos personas se retiraba de la actividad laboral antes de cumplir los 65 años. Por su parte, el portavoz de la Entesa José Montilla, le ha preguntado a Báñez en qué informes se había basado el Gobierno «para recortar drásticamente y sin consenso el acceso a la jubilación anticipada y parcial, y el subsidio de desempleo para mayores de 55 años».
Aunque Báñez le ha explicado que ha habido más de 15 reuniones del Pacto de Toledo para dialogar sobre las propuestas del Ejecutivo, Montilla ha insistido en que se trata de unos cambios sin debate ni consenso, al contrario de lo que ocurrió con la anterior reforma de las pensiones del Gobierno socialista en 2011.
Para Montilla, la reforma del PP presenta como insolidarios a quienes se jubilan anticipadamente y solo servirá, al igual que la reforma laboral, para generar más paro y más desigualdad.
