El pasado viernes volvieron a reunirse la vicepresidenta del Gobierno junto con el ministro de Hacienda y de Economía para anunciar nuevas medidas económicas en un escenario en el que de nuevo volvió a echarse de menos a Mariano Rajoy. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo no va a subir «los grandes impuestos» (IRPF y el IVA), aunque sí hará «algunos ajustes», para converger en Europa, en materia de fiscalidad medioambiental, impuestos especiales y depósitos bancarios.
En lo que respecta a la nueva Ley de Apoyo al Emprendedor, esta incluirá cambios fiscales, como la creación de un régimen especial en el IVA para los emprendedores, que permitirá no ingresar el impuesto hasta cobrar la factura, tal y como ya se anunció, las deducciones por inversión de beneficios para pequeñas empresas, la ampliación de la deducción por actividades de investigación y desarrollo y diversos incentivos fiscales a los inversores informales en emprendimiento.
También se establecerán medidas para dar un impulso a la financiación de emprendedores y pymes, maniatados por la falta de crédito. Así, el Gobierno facilitará el acceso a la financiación bancaria mediante un convenio con la AEB y la CECA para poner a disposición de las pymes 10.000 millones, además de reforzar las líneas ICO.
Junto a ello, impulsará el capital riesgo y los business angels y promoverá el acceso a los mercados de capitales con la creación del Mercado Alternativo de Renta Fija y la formulación de una ley ascensor que facilite el movimiento de empresas entre la Bolsa y ese mercado alternativo.
Por su parte, la nueva ley también contempla la regulación de una segunda oportunidad para los emprendedores que hayan fracasado en su primer negocio, con un mecanismo extrajudicial de pagos.
Y dado que la internacionalización es una de las metas de las pymes españolas, Soraya Saénz de Santamaría ha anunciado medidas como la agilización del proceso de concesión de visados y permisos de residencia para los emprendedores extranjeros que inviertan en nuestro país y contribuyan a crear empleo.
No concretaron cuando se pondría en marcha, tampoco más detalles, lo que ha provocado que los colectivos de trabajadores autónomos mostraran su “decepción por una ley que después de casi dos años de retraso llega, aparentemente, carente de medidas reales que vayan a facilitar la supervivencia del colectivo”.
