Cobrar las facturas que se emiten en papel es una práctica abusiva que cometen no pocas empresas. Este es el dictamen que ha emitido el Instituto Nacional de Consumo, que asegura de igual manera que esta práctica es «contraria a la buena fe» por limitar los derechos legalmente reconocidos al consumidor.
Este documento se ha elaborado con motivo de una consulta de la Agencia Catalana del Consumo sobre la viabilidad jurídica de la práctica realizada por parte de determinadas empresas consistente en el cobro de un euro o una cantidad similar para realizar el envío de la factura física o en formato papel a los consumidores.
Dichas empresas interpretan que al dar la posibilidad de realizar la consulta a través de medios electrónicos o telemáticos, el envío de la factura física en papel debe considerarse un servicio adicional y no un derecho reconocido.
En sus consideraciones, el INC recuerda que para la expedición de la factura electrónica siempre es necesario que, previamente, el destinatario haya manifestado expresamente su consentimiento a recibirlas a través de este medio.
No obstante, el informe señala que el actual reglamento no se pronuncia sobre la gratuidad o no de la emisión de factura, por lo que explica que habrá que atenerse a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias respecto a la confirmación de la contratación realizada.
