Lo contamos hace poco. Cada vez son más los inversores internacionales que han puesto sus ojos en las startups españolas. De hecho en lo que va de año y como explica Ad&Law, la inversión en start-ups tecnológicas de nuestro país ha superado los cien millones de euros. Y sin embargo una sombra se cierne sobre el desarrollo del ecosistema emprendedor español: responde al curioso nombre de «Exit Tax».
La nueva medida supone que desde enero de esta año los contribuyentes que se trasladen fuera de la UE y realicen inversiones superiores al millón de euros tienen que hacer frente a esta nueva obligación fiscal. Aunque en principio, el Exit Tax sólo afecta a los grandes patrimonios, ya que se aplica sobre el IRPF, puede afectar a la inversión de las empresas de nueva creación y especialmente a las startups que verán como se dificulta el acceso a su financiación.
Y aunque es cierto que al menos en España las empresas emergentes no suelen tener inversiones muy elevadas en comparación a otros grandes proyectos, como explican en Ad&Law «sí que se trata de un impuesto que penaliza la inversión, ya que si un inversor se traslada al extranjero y es titular de acciones o participaciones en entidades cuyo valor de mercado exceda, conjuntamente, de 4 millones de euros o cuando se controle más del 25% de una sociedad con activos superiores al millón de euros deberá de hacer frente al Exit Tax».
“De este modo este nuevo impuesto sí que puede suponer un obstáculo importante para que grandes patrimonios e inversores internacionales fijen su residencia en España y para que algunos decidan salir de nuestro país antes de consolidar los 10 años de residencia en territorio español”. Es más, desde un punto de vista técnico, se configura como una restricción fiscal que dificulta el libre movimiento de factores productivos y determinadas asociaciones han presentado una denuncia contra el Exit Tax español ya que es un impuesto que puede vulnerar el derecho a la libre circulación de personas y capitales en la Unión Europea.
