45 millones de euros ‘debe’ el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) a patronales, sindicatos y centros formativos, que están pendientes de cobrar el 25% de las subvenciones que se otorgaron para formar a personas en activo en 2014. Este es un lastre que está tras situaciones muy graves en el caso de pequeñas y medianas empresas, pues de esas ayudas llega a depender la supervivencia –o no– del negocio.
Acaba de darse a conocer que Empleo mantiene paralizado el curso de estos incentivos, por lo que el dinero no parece que vaya a llegar a corto o medio plazo. Tras este stand by está una sentencia de la Audiencia Nacional que apuntaba que el SEPE había omitido un informe a los implicados sobre cómo se iba a llevar a cabo la distribución de los citados fondos.
Tanto organizaciones sindicales como patronatos y empresas formativas han demandado al servicio de empleo con objeto de que se desbloqueen esos 45 millones de euros. El Ministerio de Empleo se ha manifestado a medios como Cinco Días, señalando que el citado organismo “no puede” abonar las ayudas y que ese “25% de subvenciones no se desbloqueará hasta que lo diga el juez”.
En Empleo parecer que lamentan lo que está sucediendo, conscientes de que todo esto puede suponer “un palo en la rueda” del nuevo sistema de formación”. El SEPE ha intentado subsanar el problema, presentando a los agentes el documento preceptivo en relación a la distribución de fondos. Sin embargo, ha de ser un juez el que determine si ese es el camino a seguir y no proceden a anular las ayudas de la convocatoria.
En el punto de mira están también qué se hará con los fondos de formación que no se van a utilizar, si se resignarán para el año siguiente. La Defensora del Pueblo solicita a la Secretaría de Estado de Empleo que se manifieste a este respecto.
