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Miercoles, 1 Diciembre 2021

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El exceso de normativa perjudica a las pymes y las hace menos competitivas

El desarrollo normativo se ha mantenido sin freno durante los últimos años, tanto que solo a nivel estatal se han publicado entre el 2000 y el 2017 un total de 113.404 nuevos textos regulatorios, una cifra que no incluye la normativa derivada de las comunidades autónomas ni tampoco la europea.

Esa maraña normativa representa una gran cantidad de textos y de boletines que hay que leer para poder estar al tanto de las novedades y de las posibles modificaciones que puedan afectar a cada empresa y a cada profesional, y en general representan una carga muy importante que afecta sobre todo a las pymes.

Una densidad normativa muy elevada perjudica a las empresas porque obliga a realizar un esfuerzo muy grande para poder estar al día de todos los textos que se van aprobando y aplicando, y afecta sobre todo a las pymes porque sus recursos suelen ser más limitados y por tanto notan mucho más los perjuicios de tener que destinar parte de ellos al estudio y adecuación a las nuevas normativas.

Para entenderlo mejor basta un sencillo ejemplo: solo en 2017 se publicaron en el BOE 223.000 páginas que incluyen nuevas normativas, y en los boletines oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas la cifra superó las 731.000 páginas. Para poder leer todas esas páginas las empresas necesitarían tener a varios trabajadores especializados dedicados única y exclusivamente a dicha tarea, algo que pocas pymes pueden permitirse.

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Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, ha comentado que la solución a este problema pasa por legislar simplificando y creando valor, y tiene toda la razón. Crear normativas sin buscar un mínimo de eficiencia y de optimización acaba generando una regulación excesiva que no sólo es ineficiente, sino que representa una carga innecesaria para las empresas y reduce su competitividad y sus posibilidades de éxito.

España tiene que seguir buscando ese equilibrio que le permita reducir la normativa innecesaria y delimitar un conjunto de normas efectivas, equilibradas y bien ajustadas a la realidad jurídica del momento, en lugar de seguir desarrollando textos legales de forma casi irracional.

Vía: El Economista.

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