jueves , 6 diciembre 2018 Impresion Pyme
  • Día de la Constitución: 10 hitos históricos que han marcado a trabajadores y empresas

    Este seis de diciembre el Congreso se prepara para celebrar 40 años de democracia. Cuarenta años en los que la sociedad y sus leyes han cambiado enormemente, desde la aprobación del primer Estatuto de los Trabajadores en 1980, el ingreso en la Unión Europea en 1986 o la todavía en támite parlamentario, Ley de Igualdad. Con motivo de esta celebración, en MuyPymes hemos querido repasar los principales hitos y leyes que se han puesto en marcha en estas cuatro décadas, poniendo siempre el foco en las que más han afectado a trabajadores y empresas.

    Legalización de los partidos y primeras elecciones (1977)

    Ninguna de las leyes que veremos a lo largo de este reportaje hubiesen sido posibles si en 1977, el Gobierno de Adolfo Suárez no hubiese decidido acabar con 42 años de dictadura aprobando la legalización de los partidos políticos y la convocatoria de elecciones.

    Los primeros que salieron de la clandestinidad fueron el PSOE y los partidos nacionalistas. Unos meses después, el 7 de abril, se legalizaba el Partido Comunista de España.

    Unos días más tarde, el 28 de abril, la Oficina de Depósitos de estatutos de la Organización Sindical abría el registro a los nuevos sindicatos de clase. En ese momento se registran Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera, Solidaridad de Obreros de Cataluña y Solidaridad de Trabajadores Vascos.

    Aprobación del estatuto de los trabajadores (1980)

    El 15 de marzo de 1980 y tras cuatro meses de discusiones parlamentarias, entraba en vigor el Estatuto de los Trabajadores, rompiendo de esta forma con el sistema de relaciones laborales franquistas.

    En aquel momento cuatro grandes temas (funcionarios, derechos colectivos, huelga y cierre patronal) fueron los que protagonizaron la mayoría de los debates y enfrentamientos entre los distintos grupos parlamentarios.

    Desde su aprobación el texto se ha revisado en numerosas ocasiones, incorporando derechos (como los de baja remunerada por maternidad y paternidad) y regulando nuevos aspectos de la relación entre trabajadores y empresas.

    Aprobación de la Ley Básica de Empleo (1980)

    La prestación por desempleo a la que tienen derechos todos los trabajadores que hayan cotizado, tiene su primer origen en la conocida como “Ley Básica de Empleo”, aprobada en 1980.

    La Ley que en ese momento aprueban las Cortes establecen un sistema de cobro gradual de la prestación, siendo del 80%, 70% y 60% en tramos de seis meses sobre la media de bases de cotización de los últimos cuatro meses. De igual manera, también se aprueba el subsidio por desempleo que en ese momento cubre el 75% del SMI y los posibles gastos farmacéuticos.

    Esta ley se financiaba mediante el Fondo Especial de Prestación al Desempleo que se nutría del 40% de la aportación estatal y el 60% restante de cotizaciones empresariales.

    La Huelga General, derecho de los trabajadores (1981)

    La Constitución reconoció “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. El 24 de febrero de 1981 y, precisamente, a raíz de lo ocurrido la noche anterior en Las Cortes, CCOO y UGT convocaron una huelga general de dos horas contra el Golpe.

    Los paros se han sucedido prácticamente en todas las legislaturas de la democracia. Hubo huelgas en 1985, 1988, 1992, 1994, 2002, 2003, 2010, 2011 y 2018.

    La entrada en la UE (1986)

    La entrada en la UE en España en 1986 supuso un antes y un después para ciudadanos y empresas. Con la entrada en el club comunitario, las empresas españolas accedían en un mercado común que más tarde se ampliaría a la circulación de las personas y el poder trabajar en cualquier país de la UE.

    Lo que no muchos saben es que esta no fue la primera vez que España intentó ingresar en la Unión. Franco lo solicitó en 1962, pero le fue denegada porque era condición indispensable de todos los estados miembros ser democráticos.

    El pacto de Toledo (1995)

    Los años 90 fueron duros para España. Tanto que se llegó a pensar que la rampante crisis económica podía poner en peligro el cobro de las pensiones y otros beneficios asociados al estado del bienestar. Para atajar el problema, los principales grupos políticos consensuaron un documento que recogía las principales reformas que debían acometerse para que la Seguridad Social fuese sostenible.

    El pacto se aprobó en el Congreso e implicó cambios en las fuentes de financiación de las prestaciones y las pensiones. Se crearon, además, los fondos de reserva en los que se inyecta liquidez en las épocas de bonanza (la famosa hucha de las pensiones), para garantizar los servicios del Estado en etapas no tan prósperas.

    Se pone en marcha el euro (2002)

    La gran revolución de la primera década del siglo XXI lleva el nombre de euro impreso en sus billetes y monedas. El euro se estrena con un valor de 166,386 pesetas  y durante los primeros años no fueron pocas las empresas que hicieron la “falsa equivalencia” de 1 euro=100 pesetas, lo cual elevó considerablemente el precio de distintos bienes básicos.

    Pese a la incertidumbre inicial y los virulentos ataques que ha sufrido durante la última crisis económica, el euro ha permitido construir una Europa más fuerte. Ha mejorado el comercio interior de la UE y la movilidad de las personas.

    Aprobación de la Ley de la Dependencia (2006)

    El 30 de noviembre de 2006 el Congreso de los Diputados daba el visto bueno a la Ley de la Dependencia, un textocuyo objetivo era ofrecer un conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas en situación de dependencia.

    El espíritu de la ley era la de permitir no sólo ofrecer de más cuidados a las personas que los necesitaban, sino también promover que muchos “cuidadores obligados” pudiesen optar a un puesto de trabajo. Las buenas intenciones chocaron sin embargo con una burocracia que sólo puso en marcha la ley a medias y con los recortes que se impusieron con la crisis económica.

    Se aprueba retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años (2011)

    Una de las medidas más impopulares de la historia de nuestra democracia se registró el 21 de julio de 2011. El Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la reforma de las pensiones que elevaba gradualmente la edad jubilación a los 67 años, después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero consiguiera sacarla adelante contando únicamente con el apoyo de CiU.

    Además la norma elevaba de forma progresiva los años que se tendrán en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 actuales a 25.

    Ley de Igualdad Laboral (2018)

    El 64% de los asalariados con ingresos más bajos son mujeres. Ellas también tienen la mayoría de los contratos a tiempo parcial (ocho de cada diez). Esta es la realidad de la que parte la Ley de Igualdad Laboral (en estos momentos se está tramitando en el Congreso), que tiene como objetivo conseguir la igualdad real en el trabajo.

    El proyecto de Ley presentado define el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres como la “ausencia de toda discriminación, directa o indirecta”, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Además, establece que tanto el hombre como la mujer son equiparables a la hora de ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones para que su igualdad sea efectiva en el trabajo.

     

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