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Sábado, 18 Septiembre 2021

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Los trámites del teletrabajo costarán a las empresas españolas casi 800 millones de euros anuales

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Más de 790 millones de euros anuales es lo que podría costar el teletrabajo a las empresas españolas, según la memoria de impacto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la que se ha hecho eco Lefevre.

Hoy, precisamente, entra en vigor la ley que regula el Teletrabajo en España y que estima que afectará a uno de cada cinco trabajadores, de forma regular.

En su estimación, Trabajo señala que, conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el pasado año un 8,3% de los trabajadores recurrió al teletrabajo, y según la encuesta de Eurofound, el porcentaje de los que empezaron a hacerlo con la pandemia alcanzó el 30%.

De su lado, el Banco de España cree que siete de cada diez trabajadores podría teletrabajar, al menos ocasionalmente. Por ello, Trabajo estima en el 20% de la población ocupada a efectos de los acuerdos de teletrabajo que deben ser comunicados, 3,72 millones de trabajadores conforme a la extrapolación a partir de la EPA del segundo trimestre del año.

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A partir de ahí, al ministerio que dirige Yolanda Díaz le resultan 790 millones de euros de la suma del coste de los diferentes trámites, siendo el más costoso la obligación de la empresa de entregar a la representación legal de los trabajadores una copia de todos los acuerdos a distancia y de sus actualizaciones (372 millones al año, a 100 euros por cada envío, y estimándose una frecuencia de una vez al año).

Más de 14,8 millones resultarían del envío de la copia de estos acuerdos y sus modificaciones a la oficina de empleo (con un coste unitario estimado menor, de 4 euros), y 186 millones la obligación de informar a los teletrabajadores y a la representación sindical de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial.

Para informar de las posibilidades de ascenso que se produzcan, sean presencial o a distancia, se estima un cose de 124 millones de euros, mientras que la entrega del informe escrito a la persona trabajadora y delegados de prevención que justifique la necesidad de la visita, a efectos de riesgos laborales se calcula en 93 millones.

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