La basura electrónica es un quebradero de cabeza para las instituciones, ya que genera un problema para la salud -tanto del planeta como del ser humano-, si no pasa por un óptimo sistema de reciclaje. De hecho, según un estudio de las Naciones Unidas, en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo, nueve toneladas más que en 2014.
Con el objetivo de luchar por un mundo más eficiente, el Parlamento Europeo aprobó el 25 de noviembre de 2020 el ‘Derecho a reparar’, una ley que acaba de entrar en vigor este mes de marzo y que pretende aumentar la vida útil de los dispositivos electrónicos y, de este modo, lograr un menor impacto medioambiental.
Según el texto, el objetivo es que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”.
El primer país en dar un paso hacia delante ha sido Francia, donde los smartphones, televisores o portátiles tienen que incluir una etiqueta con una clasificación del 1 al 10 que indique la posibilidad de reparación de un producto. De este modo, el usuario está plenamente informado de qué facilidades existen para un hipotético arreglo en el futuro.
Importancia de la reparación
Aparte de que al usuario le permite seguir utilizando un dispositivo con el que está satisfecho e incluso es la opción más económica en determinadas ocasiones, reparar un producto tecnológico ayuda a reducir las emisiones de CO2.
Tanto si está en garantía como si no, la mejor elección cuando se quiere arreglar un teléfono móvil, tablet, portátil o cualquier dispositivo electrónico es acudir a un Servicio Técnico Oficial (SAT).
Estos centros de reparación son un paradigma de calidad, como es el caso de ANOVO. En primer lugar, porque se trata de SATS homologados que pasan las auditorías de los fabricantes, por lo que están autorizados y acreditados por las propias marcas para llevar a cabo estos servicios.
La reparación es llevada a cabo por personal cualificado que tiene la formación necesaria para diagnosticar la avería y ofrecer la mejor opción de arreglo al consumidor. Por supuesto, los profesionales de estos SATS trabajan con las piezas originales para arreglar los dispositivos y disponen, además, de los últimos medios y tecnología para realizar sus tareas. Y, tras la reparación, los dispositivos pasan todos los test y controles de los fabricantes.
Finalmente, los usuarios que eligen reparar en estos centros oficiales consiguen que, tras la reparación, su dispositivo mantenga la garantía original por el periodo que quede vigente, a diferencia de si la reparación es efectuada en centros no oficiales, en los que los dispositivos la pierden.
