Nuevo rifirrafe entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a cuenta de las ayudas para empresas que el ejecutivo central aprobó en marzo. Se trata de un plan de refuerzo de solvencia empresarial, dotado con 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 son ayudas directas que gestionan las comunidades autónomas.
El largo trámite burocrático del plan, las tensiones entre el Gobierno y algunas CCAA (sobre todo Madrid) y la lentitud de algunas regiones para rellenar la solicitud ha provocado que el paquete de medidas «urgentes» que reclamaban los empresarios y el Banco de España no se aprobara hasta el 12 de marzo. Además, parece que las pymes no recibirán ni un euro hasta junio y eso, aquellas donde sus gobernantes se han dado prisa por gestionar todo el tema administrativo.
Según informan en Cinco Días, hasta ayer Hacienda no envió a Madrid la validación del listado de beneficiarios. Si bien todos los territorios, excepto los forales, han entregado el convenio firmado, el paso final era que la Agencia Tributaria certificara que los potenciales beneficiarios cumplían todos los requisitos, básicamente haber perdido más del 30% de su facturación en la pandemia.
Las mismas fuentes indican que Madrid fue la primera región que remitió el primer fichero, concretamente el día 6 de mayo y el segundo esta misma semana, con miles de solicitudes de ayuda. Sin embargo, Hacienda no ha cumplido el plazo que tenía para dar una respuesta, según denunció el consejero, Javier Fernández-Lasquetty.
Por su parte, la Agencia Tributaria aseguró que toda la información enviada por Madrid había sido revisada y que ayer enviarían los datos fiscales para poder distribuir, de una vez, los fondos entre las empresas madrileñas. Al mismo tiempo, el organismo se defendía por la tardanza, argumentando que dado el elevado volumen de información no se podía contestar hasta tener una «absoluta certidumbre de la validez de su contenido».
En cuanto al retraso, la administración le echa la culpa a Madrid, «si hubiera firmado antes el convenido, habría recibido antes la transferencia» para continuar con el proceso. Como viene siendo habitual, el gobierno regional se ha defendido indicando que ha sido la administración central quien retrasa los pagos. Por otra parte, la Comunidad de Madrid complementará el paquete nacional con 220 millones propios para los sectores que no estén cubiertos por el primero.
