El fraude fiscal hace referencia a toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, considerados contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando estos ocultan u omiten ingresos y bienes a las administraciones tributarias. También puede darse cuando el contribuyente sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de impuestos con respecto a lo que legalmente les correspondería.
Hay que tener en cuenta que, en España, el delito fiscal tiene lugar cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros dentro de un período de un año, en los impuestos de declaración periódica, como, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el IVA.
Lo cierto es que la evasión fiscal es un grave problema a nivel mundial. Según el estudio realizado por Tax Justice Network, que recoge El País, los estados dejan de ingresar al año 360.000 millones de euros, con la consiguiente merma constante de las arcas públicas nacionales. En el caso concreto de España, son datos de finales de 2020, el agujero se acerca a los 3.700 millones de euros, equivalentes al 1,52% de los ingresos fiscales totales y al 5% del gasto en salud.
Las cifras que detecta la Agencia Tributaria son inferiores. En 2020 se contabilizaron 313,4 millones de euros evadidos, mientras que en 2019 fueron aproximadamente 430,7 millones, lo que supone una bajada del 37%, en parte debido a las inspecciones no presenciales, que han restado capacidad de averiguación.
Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, cifró en 91.600 millones de euros las pérdidas anuales para las arcas públicas por culpa de un fraude fiscal que insta a combatir creando un cuerpo superior técnico de Hacienda y aumentando la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) con entre 15.000 y 17.500 efectivos. Según Gestha, el fraude fiscal causa pérdidas anuales de 60.600 millones por impuestos evadidos y otros 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social, de forma que en España se evaden cada año «unos 31.800 millones de euros por encima de la media sumergida europea».
Ley de lucha contra el fraude fiscal
El pasado mes de junio, el Congreso aprobó definitivamente el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, después de haber culminado con éxito su tramitación parlamentaria. La norma, que había visto la luz verde del Consejo de Ministros el 13 de octubre de 2020, permite la adaptación de las herramientas para combatir las nuevas formas de comportamientos fraudulentos asociados a las nuevas tecnologías, en línea con las políticas que desarrollan otros países del entorno. También refuerza los instrumentos para perseguir la elusión que realizan las grandes multinacionales mediante la planificación fiscal abusiva.
Entre las medidas que se incluyen en el proyecto de ley se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Asimismo, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales, evitando que existan agravios comparativos con la mayoría de contribuyentes, que cumplen con sus obligaciones tributarias.
Con esta ley se rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. Además, se incluyen en esa lista de deudores a los responsables solidarios.
La ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse ‘jurisdicciones no cooperativas’, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.
Además, la nueva normativa, está en sintonía con el objetivo de combatir las nuevas fórmulas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías. La ley establece la prohibición de la producción, tenencia o comercialización del denominado ‘software de doble uso’, donde se emplean programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y que pueden ser usados por empresas infractoras para ocultar parte de su actividad.
País Vasco
En el caso concreto del País Vasco, el último estudio elaborado por el gobierno regional, «Economía Sumergida y Fraude Fiscal en Euskadi», que se publicó 2016, estableció que la economía sumergida superaba el 17% del PIB en la región. Con una merma recaudatoria anual en las arcas públicas vascas entre los años 1990-2014, de 2.320 millones, prácticamente el 25% del presupuesto regional. Es uno de los motivos por los que, la administración vasca ha establecido sistemas como TicketBAI que aún está en periodo no obligatorio, pero que será una herramienta clave para luchar contra esta lacra.
Más recientemente, la diputación de Vizcaya afloró durante el ejercicio 2019 un total de 504.082.118 euros en las 487.174 actuaciones contra el fraude fiscal que se realizaron. Casi tres de cada cuatro euros regularizados corresponde al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, el coronavirus hizo mella, ya que en 2020 se regularizó un 37% menos por la pandemia.
Por su parte, la Hacienda de Guipúzcoa hizo pública recientemente la lista de morosos, que incluye a 45 personas que suman una deuda total de 264 millones de euros. Por último, en Álava, con datos de 2018, el fraude fiscal alcanzó un total de 132 millones de euros.
