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Viernes, 21 Junio 2024

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Entiende la Ley de Servicios Digitales que regula a las grandes tecnológicas

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Aunque la Ley de Servicios Digitales europea (DSA, por sus siglas en inglés) en 2022, ha sido a partir del 25 de agosto de 2023 cuando ha comenzado a ser obligatoria para las grandes plataformas designadas por la Comisión Europea el pasado mes de abril. Se trata de la mayor reforma legislativa en los últimos veinte años dirigida a regular los contenidos en Internet y la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios (y especialmente plataformas en línea, redes sociales y motores de búsqueda).

Aspectos clave para tener en cuenta

Blanca González, consultora de seguridad de Entelgy Innotec Security, analiza las claves para entender esta normativa de obligado cumplimiento:

  1. El principal objetivo es hacer que Internet sea más segura, proteger mejor a los usuarios y hacer que las plataformas digitales reduzcan los daños y contrarresten los riesgos online.
  2. Las obligaciones de esta norma abarcan diferentes ámbitos. Entre ellos: controlar la desinformación en redes sociales, la difusión de contenidos ilícitos, impulsar medidas de transparencia y regulaciones en cuestión de recolección de datos.
  3. Esta ley obliga a las plataformas a eliminar con rapidez el contenido ilegal que exista en sus páginas web, siempre y cuando tenga conocimiento sobre el mismo. Hablamos de, por ejemplo, contenidos que incitan al odio, delitos contra menores, desinformación, venta de estupefacientes o productos falsificados, etc. Con esta decisión pretende conseguir que aquellas cuestiones que son ilegales en el mundo físico lo sean también en el digital.
  4. Las plataformas digitales deberán habilitar un mecanismo aviso-acción, con el que los usuarios podrán denunciar los mencionados contenidos ilegales. Una vez se haya denunciado el contenido, las compañías tendrán la obligación de notificar al usuario la decisión y retirar de forma rápida esos contenidos que se consideren ilegales. Este punto es de los que más controversia ha causado, ya que algunos sectores lo consideran una censura a la libertad de expresión.
  5. También estarán obligadas a especificar claramente si una información tiene carácter publicitario, así como quién es su promotor. Por otro lado, se establecerán medidas para evitar publicidad engañosa y, en caso de que una plataforma haya vendido un producto fraudulento, avisará al comprador cuando tenga constancia de ello. A este respecto, se incluye la prohibición total de publicidad dirigida a menores y de publicidad específica según datos confidenciales (por ejemplo, basados en orientación sexual, religión, etnia).

Lucha contra las fakes news

Otro de los objetivos de esta normativa es luchar contra la desinformación. Su intención es dificultar que estas plataformas puedan utilizarse para amplificar contenidos dañinos, especialmente relativos a la salud pública y al discurso cívico (lo que considera riesgos sistémicos). A este efecto, las entidades deberán demostrar que trabajan y se esfuerzan para atajar dicho riesgo mediante, por ejemplo, la adopción de códigos de conducta.

Asimismo, obliga a las compañías a ser más transparentes en cuanto a sus algoritmos. Las organizaciones deberán detallar en sus términos y condiciones el funcionamiento de los algoritmos que utilicen y tendrán que facilitar esos algoritmos y otros datos en caso de petición por parte de las autoridades europeas.

Además, los usuarios tienen un mayor control sobre los datos e información que comparten con las plataformas. En este sentido, estas plataformas no podrán basar sus sistemas de recomendación en la elaboración de perfiles que partan de información personal.

Aunque la Ley de Servicios Digitales no hace responsables a las entidades de lo que sus usuarios publican en ellas, sí que incide en su responsabilidad a la hora de eliminar contenidos ilícitos. Para ello, las organizaciones deberán realizar informes públicos anuales donde especifiquen sus métodos de moderación. En caso de que los servicios digitales no cumplan con las obligaciones, la ley establece una serie de sanciones económicas que no podrán superar el 6% del volumen de negocios anual global de la compañía multada y que serán más duras para plataformas online y motores de búsqueda.

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