El pasado mes de septiembre se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal. Para la Asociación de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (ASPAC) la reforma, que trajo consigo cambios clave en la reestructuración empresarial ha demostrado ser ineficiente para la gestión correcta de los procedimientos de insolvencia empresarial.
Después de tres años, está demostrado que la introducción de los planes de reestructuración en la reforma está teniendo un impacto real, evitando que empresas viables en dificultades financieras soliciten el concurso de acreedores. “Se estima que la cifra de planes de reestructuración aprobados podría estar en una cifra cercana a los setecientos, lo que demuestra que es una herramienta que ofrece agilidad y flexibilidad, y que permite a las empresas superar situaciones de insolvencia sin necesidad de acudir al concurso tradicional», comenta Diego Comendador, presidente de ASPAC. Estos planes de reestructuración, al agrupar a los acreedores en clases, se han convertido en una figura práctica y útil para resolver conflictos internos entre socios.
Comendador asegura que “tal y como preveíamos el año pasado por estas fechas, estamos asistiendo a un incremento importante en el uso de esta herramienta”. Para el presidente de ASPAC, este fenómeno tiene sentido ya que “la reestructuración minimiza la intervención judicial, algo que las partes implicadas prefieren evitar”.
Continúan las trabas para las microempresas
Un año más, ASPAC ha puesto el foco en la deficiente implementación de los procedimientos especiales para microempresas, regulados en el libro tercero de la Ley. Desde la Asociación señalan que la reforma legislativa vuelve a demostrarse ineficaz por dos razones. En primer lugar, porque mientras no exista una plataforma telemática operativa su despliegue seguirá sufriendo retrasos. Y, en segundo lugar, porque a esa falta de agilidad se le añade la exclusión del administrador concursal, una figura clave para garantizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad jurídica para todos los intereses en juego, especialmente para los acreedores.
“Sin la participación de un administrador concursal está demostrado que los deudores incurren en problemas a la hora de gestionar la liquidación de sus empresas”, denuncia Comendador, consciente de que esta situación sería fácilmente reversible. “No podemos engañarnos creyendo que, como el sistema transfiere los gastos del proceso desde los acreedores al Estado, estamos ahorrando en el proceso”, concluye el presidente de ASPAC.
Los concursos sin masa es otro de los puntos débiles de la reforma que entró en vigor en 2022. “No nos cansaremos de denunciar, un año tras otro, que los concursos sin masa, tal y como están planteados ahora mismo, permiten prácticas fraudulentas antes de la presentación del concurso”, indica Comendador. Añade que los profesionales están observando “un incremento de este tipo de concursos que, sin la supervisión de un administrador concursal, se convierten en procesos arbitrarios y opacos”.
ASPAC reconoce los avances que la Ley ha traído al sector concursal, pero hace un llamamiento a seguir trabajando en los desarrollos reglamentarios necesarios para optimizar su funcionamiento. Entre sus propuestas, la Asociación insiste en la necesidad de una mayor profesionalización de los procedimientos a través de la creación de un Estatuto del Administrador Concursal, así como la implementación definitiva de la plataforma telemática para microempresas. “Ha pasado tiempo suficiente desde la reforma. Tenemos evidencias y argumentos de peso para reclamar un marco regulatorio evolucionado para que el sistema concursal en España sea más eficaz, justo y transparente”, y homologable con los países de nuestro entorno jurídico, sentencia Comendador.
