Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado en el Campus FAES de Navacerrada que el Ejecutivo está preparando un sistema central de compras único de suministros para toda la administración del Estado, con un órgano que se encargará de negociar los contratos y de obtener «precios razonables».
Tal y como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, algunos ministerios como el de Defensa ya han puesto en marcha estas centrales de compras y les ha supuesto «grandes ahorros».
Por otro lado ha afirmado que España debe saber aprovechar sus «fortalezas» para superar los «desequilibrios» y ha subrayado que la única manera de hacerlo es llevar a cabo un programa reformista basado en la consolidación fiscal, la reestructuración del sistema financiero y la puesta en marcha de reformas estructurales para volver a crecer y crear empleo.
Entras las reformas y medidas puestas en marcha por el Gobierno ha citado el pago a proveedores, con la inyección de 27.000 millones en la economía productiva; la reforma laboral, que está empezando a dar «sus frutos»; o la reforma financiera que, aunque ha llegado «tarde» en comparación con otros países, permitirá colocar a los bancos españoles entre los «más solventes y provisionados» del conjunto de la UE.
A reglón seguido ha citado entre los objetivos del Gobierno la reforma institucional, ya que, según ha recalcado, «se impone un cambio en la cultura administrativa». Por lo pronto, ha dicho que el Ejecutivo ha iniciado un proceso de reestructuración del sector público empresarial que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas pero ha defendido la necesidad de que hagan lo mismo las comunidades y los ayuntamientos.
En este sentido, el Ejecutivo impulsará «cambios profundos» en la Ley de Bases de Régimen Local que incluirá una «redefinición» de la estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias, garantizando que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados «a precios adecuados» y «mejor gestionados».
Se trata de poner orden en la «multiplicidad de entidades locales» que hay en España que ejercen «con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos».
