Menos de un 1% de pymes y autónomos se han dado de alta en el régimen especial del IVA de caja. El ministerio de Hacienda ha comunicado que una vez expirado el plazo para acogerse a este regimen fiscal, únicamente 21.569 contribuyentes de los 2,3 millones que teóricamente podían haberse acogido al IVA de caja (aquellos que tienen una facturación inferior a dos millones de euros), han tramitado su solicitud. Del total, 10.385 corresponden a pymes y los 11.184 restantes son autónomos.
El departamento de Cristóbal Montoro atribuye estas cifras a que están funcionando también otras medidas puestas en marcha por el Gobierno para mejorar la liquidez de estos colectivos. En concreto, apunta que el periodo medio de pago en la Administración General del Estado se ha reducido en 25 días en el cuarto trimestre de 2013, frente a los 33 días del trimestre anterior.
Además, subraya los efectos del plan de proveedores y del fondo de liquidez autonómico. El primero ha dispuesto liquidez por 41.800 millones de euros, de los que 30.200 millones se han destinado a pagar facturas de las comunidades autónomas, y otros 11.600 millones, a facturas de entidades locales.
El régimen especial de IVA de caja, que tiene carácter voluntario, fue aprobado por el Gobierno e incluido en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, a propuesta de las propias organizaciones de empresarios y autónomos como un elemento más de apoyo a la liquidez y necesidades de tesorería de las empresas, fundamentalmente de aquellas que contratan con la administración.
El nuevo sistema permite que las pymes y autónomos que se adhieran a él no paguen el IVA de las facturas hasta que realmente las hayan cobrado y está en vigor desde enero de 2014. Las empresas que quieran voluntariamente adherirse al nuevo mecanismo deberán comunicarlo con carácter general el mes de diciembre anterior al año en el que haya de surtir efecto, durante un periodo mínimo de tres años, y la renuncia al régimen se hará también ese mismo mes.
Según el Gobierno, este nuevo régimen fiscal supone una mejora de la financiación del negocio para quien lo solicite, y destaca que la legislación española es más ambiciosa que la implantada en otros países europeos. Con carácter general los socios europeos que lo han implantado (Alemania, Suecia, Portugal, Eslovenia y Estonia) lo han hecho para las actividades con un cifra de negocio inferior a 500.000 euros. Reino Unido lo ha establecido con un umbral de 1,75 millones de euros. Italia lo implantó para 2 millones de euros, al igual que España.
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