En 2017 la importancia de las pequeñas y medianas empresas fue in crescendo. El 70% de las empresas adjudicatarias en España fueron pymes, por lo que el sector público se valió de compañías, en su mayoría, de menos de cincuenta trabajadores. Esto se desprende del estudio de la Asociación de Empresas de Contratistas con las Administraciones Públicas de España (Aesmide). Estos números deberían ir creciendo con la nueva ley de contratos del sector público.
Esta nueva ley entrará en vigor el próximo 9 de marzo y generará numerosas novedades en los modelos de contratación. La idea es que la pequeña y la mediana empresa tengan facilidades para acceder a las adjudicaciones públicas. En general, podemos decir que la normativa divide los proyectos en lotes y genera unos procedimientos más ágiles, por lo que beneficia notablemente a los emprendedores.
A lo largo del presente artículo, vamos a nombrar las ventajas de las que disfrutarán las pymes a partir del mes que viene.
Proyectos en lotes. Hasta la fecha, la administración tenía que dar explicaciones a la hora de dividir una licitación en lotes. A partir del 9 de marzo no será necesario. Los contratos públicos podran ser organizados en bloques. La diversificación de la obra pública facilitará el acceso a más empresas. A partir de ahora, será posible que a la construcción de una carretera de cien kilómetros accedan varias empresas. Antes, sólo podía hacerlo una.
Simplificar el acceso. Con la nueva ley se van a reducir los tiempos de contratación y los procesos serán más sencillos. Con la firma de la declaración responsable podrá presentarse una pyme a un concurso público. Esta reducción del papeleo público, hará que se disuadan menos empresas de optar a un contrato. Es recomendable que las empresas se inscriban en el registro de licitadores (ROLECE) para poder presentarse a licitaciones de obras con contratos de valor inferior a dos millones de euros o a 100.000 euros en el caso de prestación de servicios y suministros. Tambien con este registro evitan tener que presentar en cada procedimiento la misma documentación.
Requisitos más accesibles. Las empresas de reciente creación tendrán menos dificultades, ya que para algunas licitaciones no hará falta acreditar experiencia previa y se valorará la calidad de los proyectos sobre las ofertas a la baja. Sí que será más estricta la administración con las pymes que no cumplan con criterios medioambientales y con las que paguen salarios por debajo de los precios del convenio.
Plazos de pago. La subcontratación era una de las opciones que elegían las pymes y esta fómula sigue manteniéndose, pero se hace hincapié en la protección del pequeño negocio. La Administración se atribuye la tutela para que se cumplan los acuerdos entre el contratista y el subcontratista, velando para que los pagos se realicen en plazos razonables y no se podrán rechazar facturas treinta días después de haber sido emitidas.
Seguridad al cobrar. Si una pyme no cobra, puede dirigirse al Ministerio de Hacienda con una factura electrónica y ellos lo gestionan, lo que da mucha seguridad.
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