Según podemos leer en El País, la industria cultural ha rechazado la llamada «ley Sarkozy». A pesar de que se perseguirán a aquellas páginas que dispongan de enlaces para la descarga de música y vídeos, se descartará un sistema de notificaciones masivas con cortes de conexión para los internautas que usen programas de intercambio de archivos p2p, como prevé la ley francesa, la cual fue tomada como modelo por la actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuando ocupaba la presidencia de la Academia de Cine y que tantas críticas causó entre los internautas.
Según afirmaron fuentes de la Coalición (integrada por las patronales del cine, la música, el software y las sociedades de gestión de derechos): «La industria quiere un modelo de regulación distinto del francés, centrado en quienes se lucran con la piratería. Nuestra prioridad no son las sanciones, sino facilitar que quienes consumen productos en Internet encuentren servicios que ofrezcan obras con calidad, seguridad y a precios asequibles. Para lograrlo hacen faltan acuerdos entre las operadoras y la industria de contenidos, que hagan posible compartir los riesgos que todo cambio de modelo de negocio tiene».
Alejada del llamado sistema de los tres avisos que se quiere implantar en países europeos como Francia y Reino Unido, España propone que se minimice el número de notificaciones para evitar la alarma social. La Coalición se ha centrado, por tanto, en la persecución de los concentradores (piratas comerciales), en lugar del usuario final. Los afectados serán los responsables de páginas web que alojen o enlacen a contenidos protegidos por derechos de autor, que según estimaciones, son responsables del 80% de tráfico de archivos protegidos.
