La Ley de Economía Sostenible, que el Gobierno pretende aprobar antes de finales de año, establecerá un calendario para el progresivo acortamiento de plazos de pago para las administraciones públicas, con el fin de reducir la morosidad, principalmente con las pymes.
El borrador de la ley, publicado por «Expansión.com», contempla también la mejora de la regulación para que las asociaciones sectoriales puedan denunciar posibles «prácticas abusivas» en materia de plazos de pagos.
Además la futura ley prevé la potenciación de procedimientos abreviados para reclamar deudas de las administraciones. Todo ello con la finalidad de aplicar un marco legal «más ambicioso» para la morosidad, evitando que los deudores utilicen los plazos dilatados de pago como un mecanismo de financiación de bajo coste.
La Ley, que también contemplará mejoras en materia de educación y ciencia e innovación para propiciar el cambio de modelo productivo, recoge, igualmente, la necesidad de reformar los organismos reguladores. Para ello, se introducen las bases para una futura Ley de Reforma de Organismos Reguladores Sectoriales, con el fin de reforzar la autonomía orgánica y funcional de estos organismos, mejorar su gobernanza y perfeccionar su mecanismo de rendición de cuentas, con nuevos procedimientos de consulta pública y de información al Parlamento. Además, se potenciará la cooperación entre los distintos organismos reguladores, así como entre éstos y la Comisión Nacional de Competencia.
Mejoras en la contratación pública
En materia de contratación pública, se flexibilizará el uso de los contratos de investigación y desarrollo, se agilizarán los plazos y los trámites dentro de la administraciones públicas y se aumentará la transparencia y la información relativa a la contratación a través de internet.
Asimismo, se impulsará la colaboración público-privada, clarificando el régimen de financiación y el colaboración y regulando los procedimientos para la modificación de las sociedades de economía mixta. También se permitirá la colaboración público-privada en la contratación que efectúan las entidades públicas empresariales.
Además del apoyo a la internacionalización empresarial, el borrador de la Ley de Economía Sostenible, que recoge un fondo de 20.000 millones de euros, contempla la agilización de los trámites para la creación de empresas. Así, se prevé la eliminación de trámites y la reducción de su duración y, para ello, se estandarizarán los estatutos y denominaciones sociales.
Reducir las exigencias en las licencias municipales
En relación a las licencias municipales, se propone limitar su exigilibilidad a determinados casos (en principio, aquellos en los que esté justificado por el carácter no inocuo de la actividad).
En otros casos, deberán sustituirse por instrumentos menos intrusivos y más ágiles, como las declaraciones responsables o las comunicaciones de apertura. Finalmente, en materia de fiscalidad, el borrador prevé el estudio, en el contexto de la normativa comunitaria y con pleno respeto a los espacios fiscales propios de comunidades y ayuntamientos, de mejoras en la fiscalidad medioambiental y en la I+D+i
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