El Informe Global sobre Corrupción 2009 indica que en nuestro país «dos de cada cinco ejecutivos reconocen que han ofrecido o les han demandado un soborno», una práctica que incrementa un «10% de media» el coste de los proyectos empresariales.
Más allá de este dato, el informe elaborado por la ONG «Transparencia Internacional» señala que el alcance de la corrupción global tiene un coste de miles de millones de dólares y obstaculiza el crecimiento económico sostenible.
El estudio señala que España, que hace cinco años se encontraba en el puesto número 22 de la clasificación global con una nota de 7,1 puntos, «continua con la tendencia negativa» mantenida durante los últimos años, estableciéndose en el puesto 28 con una nota de 6,5, lo que «significa que ha bajado ya del notable», según indicó el presidente de TI España, Jesús Lizcano.
En este sentido, Lizcano remarcó que los datos «ponen de manifiesto que la corrupción es galopante y claramente alarmante», sobre todo en lo que respecta a corrupción urbanística, un campo que aflora de forma especial «gracias a la actuación de jueces, medios de comunicación y Guardia Civil».
Sin embargo, y a pesar de que el informe señala como «síntoma positivo un previsible decrecimiento de la corrupción en el ámbito de las construcción», los datos muestran que «la permisividad de los españoles con la corrupción es más alta de lo normal», en comparación con los datos globales, indicó el presidente de TI España.
En el ámbito internacional, el informe expone que en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan corruptamente habrían pagado sobornos por un total de hasta 40.000 millones de dólares americanos por año, al mismo tiempo que los casi 3oo carteles descubiertos entre 1990 y 2005, que fijan precios al unísono, aplicaron a sus consumidores sobreprecios por unos 300.000 millones.