Los hoteleros Fernando Ferré Cardó y su hijo Fernando Ferré Garnacho, que dirigen el Grupo Playa Sol (GPS), fueron detenidos el pasado viernes en Ibiza por fraude fiscal, blanqueo y falsedad documental en el marco de la denominada «operación Trueno», dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.
El juez que decretó el martes el ingreso en prisión de Ferre, imputado por un fraude fiscal de 14 millones de euros. Se estima que el hotelero compró 40 hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga por valor de mil millones de euros.
Según ha informado la Agencia Tributaria, el grupo tenía un volumen de negocios cercano a los 36 millones de euros anuales, pero no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA.
Para eludir la tributación, según Hacienda, usaban más de trescientas sociedades diferentes a las que cambiaban constantemente de domicilio con el objeto de dificultar la adjudicación del beneficio empresarial a cualquier sociedad.
Según la investigación, el hotelero Fernando Ferré habría defraudado cuotas que superarían los 7,5 millones de euros en el Impuesto de Socieades y de 7 millones de euros en el IVA.
Junto a la explotación de los hoteles, el grupo de sociedades creadas por el Grupo Playa Sol compró cuarenta hoteles por un valor de mil millones de euros, para lo cual constituyó un alto número de sociedades participadas por otras sociedades andorranas, que aportaron elevadas sumas de divisas para la financiación, lo que sería constitutivo de un posible delito de blanqueo de capitales y autoblanqueo.
Junto a estas actividades ilícitas, la Inspección de Trabajo ha detectado «múltiples delitos a gran escala» contra los trabajadores y fraude en las cuotas de la Seguridad Social.
Además, el grupo hotelero constituyó varias empresas de trabajo temporal en la República Checa para contratar trabajadores de nacionalidad rumana que trabajaban de manera irregular en los hoteles. En la operación «Trueno» han participado 26 funcionarios de la Agencia Tributaria, siete inspectores de Trabajo, dos fiscales anticorrupción, la fiscalía de Ibiza y la brigada de delitos económicos de la policía judicial de Baleares.
