El Tribunal de Luxemburgo ha aplicado medidas cautelarísimas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible con el mercado interior el decreto que incentiva el consumo de carbón nacional.
En la práctica, esto supone la paralización de la norma. Esta medida ha sido adoptada apenas dos semanas después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaran ante la Justicia Europea sendos recursos contra la decisión de la Comisión Europea.
Los recursos, que se presentaron de forma individual, toman como base la interpretación de las eléctricas de que el real decreto del carbón no es compatible con el derecho comunitario y no se ha elaborado conforme al reglamento comunitario. El decreto autoriza hasta 2014 la concesión de compensaciones a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono para su producción energética.
En los recursos, las eléctricas solicitan la aplicación de medidas cautelares y la suspensión provisional y con urgencia de la decisión de la Comisión Europea hasta que el tribunal analice el caso mediante un procedimiento acelerado.
Las eléctricas esgrimen, entre otros argumentos, que la medida del Ejecutivo comunitario no ha sido analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón.
Además, entienden que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos mediambientales en España.
El decreto del carbón, aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea descartase ayudas de Estado, ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.
