Brasil ha conseguido en pocos años convertirse en una de las economías más pujantes del planeta, pasando de ser un país subdesarrollado a uno muy distinto, con amplio atractivo para inversores de medio mundo.

Esto no oculta sin embargo el hecho de que en las zonas más remotas del país, decenas de empresas siguen tratando a sus trabajadores como esclavos. Hoy el Gobierno brasileño ha hecho pública una lista en la que eleva a 220 el número de empresas incluidas en la “lista negra” de la esclavitud. 

El Ministerio de Trabajo ha incluido nada menos que 88 nuevas empresas en la lista publicada hoy, en el que ha sido el mayor aumento desde que se comenzó a elaborar en 2003, según un comunicado.

La relación es actualizada semestralmente y además de los “nuevos ingresos” se han excluido definitivamente de ella a catorce compañías que han mejorado sus prácticas y a una decimoquinta, de forma temporal, por decisión judicial.

A los integrantes de la lista negra se les somete a cuantiosas multas, se les veta el acceso a las líneas de crédito de los bancos públicos y se les prohíbe vender su producción a organismos oficiales.

El Gobierno mantiene a las empresas en la relación por un mínimo de dos años y, para borrar su nombre, los interesados deben pagar las multas correspondientes y demostrar que han corregido las irregularidades.

Entre las 220 empresas explotadoras de mano de obra esclava figuran principalmente haciendas, ingenios azucareros, además de carbonerías, madereras, constructoras y de la industria textil, entre otras.

Las haciendas que acaban en la lista negra suelen ser acusadas de explotar a sus trabajadores con horarios excesivos, pagas inferiores al salario mínimo y pésimas condiciones de seguridad, higiene y alojamiento.

En muchos casos los trabajadores contraen deudas abusivas con los empleadores por el transporte desde sus ciudades de origen hasta las haciendas o por el alquiler del alojamiento, cuya cuantía puede superar incluso el salario que perciben.