La supresión de las cuotas obligatorias para las Cámaras de Comercio podrían poner en peligro mucho de los servicios que estos organismos actualmente prestan a las pymes.
Esta es la posición del Consejo Superior de Cámaras que ha informado en una nota de prensa que el modelo que tenían antes es el que existe en los países del entorno y su legalidad ha sido sistemáticamente refrendada por resoluciones judiciales en todos los ámbitos, tanto desde el constitucional español como en el derecho comunitario.
A su parecer, el sistema de financiación que tenían las Cámaras era un ejemplo de transparencia en la obtención y asignación de ingresos, a diferencia de lo que ocurre en muchas asociaciones privadas, que obtienen buena parte de sus ingresos de ayudas públicas y subvenciones que no son conocidas por la mayoría de la sociedad.
Por este motivo, no comparten la medida desarrollada por el Gobierno ni la idea de que la decisión beneficiará a las pymes, ya que la reducción de costes que implica es «insignificante» en comparación con el daño que a medio y largo plazo puede tener sobre la mejora de la competitividad del tejido empresarial español.
Según las Cámaras, una decisión de este tipo hará que las pequeñas y medianas empresas tengan mayores dificultades para acceder a medidas de apoyo e impulso a la internacionalización, la formación, la innovación o el uso de las nuevas tecnologías, mientras que los emprendedores tendrán más problemas para crear una empresa.
