A pesar que se insiste que la salida a la crisis de empleo que vive nuestro país pasa necesariamente por la formación, un reciente estudio elaborado por la consultora e-Logos pone de manifiesto que en nuestro país, sólo se forma al 14% de los parados.
La consultora va más lejos incluso y afirma que si de este porcentaje se restan las actividades que no están relacionadas directamente con la oferta formativa para el empleo, sólo recibirían formación un 6% de los parados.
En este sentido, el estudio define el perfil de desempleado que accede a los cursos de formación como jóvenes y cualificados, en detrimento de los parados de más de 52 años, así como las personas con menos conocimientos, que apenas acceden a la oferta de cursos formativos.
Con este perfil, el consejero del Consejo Asesor de e-Logos, Jaime López Cossío, destacó que la formación para el empleo «cubre la laguna» de difícil inserción de los jóvenes en el mercado laboral, pero «deja apartados» a los parados de larga duración o de mayor edad, lo que, según el consejero, se debe a las deficiencias del sistema educativo actual.
En cuanto a la financiación de los cursos, el estudio destaca que 918 millones de euros, de los 7.358 millones de euros destinados para las políticas activas de empleo por los Presupuestos Generales del Estado, se dedican a formación de desempleados, lo que supone el 23,1% de dicho presupuesto, frente al 41,1% que de media destinan los países europeos.
Así, López Cossío cree que en otro momento este porcentaje «sería lógico», pero en el contexto actual debería alcanzar el 43%, ya que «si ahora se llega a poca gente, si se recorta el presupuesto en el momento en que aumenta el número de parados, se llega a menos personas».
Además, reclama una reforma del sistema de políticas activas, ya que mantiene un catálogo de ofertas de cursos desde hace 30 años, que además está «cerrado y obsoleto», no tanto en términos legales, sino prácticos, pues a su juicio, no tiene en cuenta las necesidades de los parados, sino que «da café para todos».
De este modo, López Cossío destaca que «debería hacerse la oferta en base a los parados que hay y sus necesidades, y no al revés». Por ejemplo, resalta que ante más de un millón de parados que no tiene competencias mínimas, es decir que no tiene capacidad de comprender y entender lo que lee, el sistema no tiene ningún curso que permita la formación de estas personas, por lo que «difícilmente podrán acceder a cualquier otro curso».
Otra característica de los cursos que el estudio considera «obsoleta» es la extensión de los mismos, ya que el 62% de los cursos tiene una duración de más de 200 horas, lo que hace que lleguen a menos personas.
De igual modo, la concentración en familias profesionales también repercute en el número de personas que pueden acceder a la formación, pues de las 26 categorías profesionales, administración y gestión, informática y transporte aglutinan el 50% de la oferta, con un 23%, 18% y 9%, cada una.
Por este motivo, López Cossío critica que hay sectores que necesitan trabajadores formados, pero como no se ofrece formación, los parados no pueden acceder a esos puestos de trabajo.
