La reforma de los convenios colectivos no va precisamente por buen camino. Si se cumplen los plazos, patronal y sindicatos deberían cerrar el acuerdo antes del próximo 19 de marzo, pero cuando queda menos de una semana, las partes mantienen profundas diferencias, difíciles de solventar.
Cuestiones como la flexibilidad interna de las empresas, la ultraactividad de los convenios y el papel de los convenios de empresa han llevado a una situación en la que si no hay acuerdo, el Gobierno tendrá que legislar por decreto.
Ambas partes mantienen la voluntad de diálogo y consideran que no alcanzar un acuerdo sería un fracaso, más aún cuando es uno de los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo social el pasado 2 de febrero.
Esa misma opinión sostiene el Gobierno, que no contempla un escenario que no sea el del acuerdo, y que, consciente de la complejidad de las negociaciones, se ha mostrado dispuesto a dar algún día más a los agentes sociales si es para llegar a buen puerto.
Sin embargo, más allá de las voluntades, la realidad es que el pacto no se vislumbra y que el Gobierno legislará por su cuenta, como sucedió con la reforma laboral, si CEOE-Cepyme y CC.OO. y UGT no se ponen de acuerdo.
En este punto, si bien los agentes sociales han insistido en que la formación de los salarios no está sobre la mesa de negociaciones, al estar vigente el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2009-2012, el Gobierno ha apoyado el ajuste de los sueldos a la productividad que propone el Pacto para la Competitividad de la eurozona.
Según fuentes próximas a la negociación, «las conversaciones se están alargando más de lo previsto» y «se intensificarán las próxima semana», a la vista de que el programa de dos reuniones semanales desarrollado hasta la fecha no ha sido suficiente para desbloquear algunas posiciones.
