Tras la aprobación de la Ley 14/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones económicas, sólo las empresas privadas han cumplido mayoritariamente con la ley, consiguiendo reducir sus plazos de pago. Sin embargo, las administraciones públicas han elevado dicho plazo.
Concretamente, el sector público ha aumentado el plazo hasta los 157 días de media, más de 5 meses y según un estudio realizado por PMcM se ha desvelado que las empresas en 2010 tuvieron como plazo unos 93 días de media.
En el estudio se realizaron 800 encuestas a empresas adheridas a la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad) y éste calcula que dicha reducción de plazos por parte del sector privado ha supuesto una cantidad de 1.800 millones de euros, un “ahorro que ha revertido positivamente en la sociedad española al aumentar la competitividad y capacidad de autofinanciación de las empresas, reactivando así el empleo”, afirmó Rafael Barón, presidente de la PMcM.
Barón denuncia así la actuación de la Administración, “en 2010 el sector privado consiguió reducir el plazo de sus pagos intentando ajustarse a los marcados por la Ley de Morosidad, y muy lejos de los datos registrados por las administraciones públicas, que han incrementado aún más la demora de sus pagos”.
Otros datos concretos del estudio son:
- El 64% de empresas tiene contratos donde se exigen plazos de pago superiores a 85 días legales.
- El 27% de empresas ha visto aumento en impagos, un 39% no ha observado variación y un 34% ha experimentado reducción de impagos en sus operaciones.
- En 2010 con las administraciones públicas se suele pactar un plazo de pago de 60 días pero este se ha elevado de forma mayoritaria hasta los 157 días.
- Los sectores que más incumplen la ley son el de la construcción y el de la gran distribución.
