La economía sumergida ha vuelto a saltar a escena durante los últimos días, desde que el Ministro de Trabajo anunciase un plan específico para luchar contra esta práctica ilegal.

Precisamente a la aprobación de este plan de ha referido la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) quien ha aplaudido una decisión que según sus representantes, ayudará a combatir a más de un millón de empresas fantasama que no cotizan a la Seguridad Social ni pagan sus impuestos a Hacienda. 

Según ATA, la inspección no puede actuar contra estas compañías, ya que no aparecen en ningún listado, por lo que están haciendo un daño «horrible» a aquellos autónomos que sí cumplen con sus obligaciones y asumen los costes que supone la actividad regular.

«El problema de la economía sumergida se encuentra hoy más en los empresarios fantasmas que en las contrataciones irregulares, pero de igual forma hay que luchar contra estas actividades», ha explicado el presidente de la asociación, Lorenzo Amor.

La federación ha propuesto una serie de medidas para luchar contra la economía sumergida, entre las que destaca el refuerzo de la inspección y el establecimiento de un mayor control en el caso de los preceptores de prestaciones o subsidios, incluidas las prejubilaciones.

Además, ATA considera que es fundamental poner en marcha campañas de sensibilización con el fin de provocar un «contundente rechazo social» a estas prácticas, al igual que propone establecer una bonificación del 50% de la cotización a la Seguridad Social para aquellos trabajadores que cotizando en el Régimen General se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).