Cuando la ley Sinde salió a relucir muchos se preguntaban si también se penalizaría el hecho de acceder desde nuestro país a webs de descargas con derechos de autor, aunque su servidor esté fuera de nuestras fronteras. Hoy sabemos que sí al conocerse el artículo 20 del borrador del reglamento de esta ley.
Pero aquí no queda la cosa, ya que Ley Sinde también dará luz verde para que se vete el acceso a webs de otros países que contengan enlaces con descargas. Además de este punto, el borrador del Real Decreto aclara el plazo para el cierre de páginas y los trámites, así como el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual que será la encargada de decidir si se retiran los contenidos de la web o se cierra directamente, siempre con autorización judicial de por medio.
De este modo, El Ministerio de Cultura archivará todos los procedimientos infractores que se dirijan contra las páginas webs que permitan la descarga no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor si los administradores de esas web retiran en el plazo de 48 horas los enlaces o los contenidos que hayan sido denunciados por los titulares de los derechos.
Aseguran que una vez que la Comisión advierta a una web de que aloja un enlace o contenido ilícito por vilneral la ley de Propiedad Intelectual, este procederá a su retirada hasta que, una vez archivado el procedimiento, volver a colgar el mismo enlace u otro distinto pero que dirigirá al mismo contenido (película, canción, etcétera), teniéndose que reiniciar el procedimiento.
La Sección Primera de la Comisión estará formada por tres miembros titulares nombrados mediante orden del titular del Ministerio de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Cultura, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual.
Fuentes del Ministerio de Cultura han asegurado que los primeros cierres efectivos de webs se producirán «en torno al mes de septiembre», una vez que el reglamento haya pasado por todos los organismo consultivos y sea aprobado en Consejo de Ministros, proceso que debería conculir «en julio o agosto», indican las fuentes.
