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Domingo, 17 Octubre 2021

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Las administraciones deben más de 13.000 millones a los autónomos

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Numerosas empresas cerrando día a tras día, autónomos que no pueden hacer frente a los pagos… y la morosidad de la administración pública tras una gran parte de estos problemas. Así se constata con los datos publicados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que se estima que la deuda de las administraciones catalanas con este colectivo asciende a 2.433 millones, por delante de los 2.154 millones de Andalucía y los algo más de 1.500 de Madrid y la Comunidad Valenciana, en cada caso.

A estas cuatro comunidades les siguen Galicia (940), Castilla y León (758), Castilla-La Mancha (631), País Vasco (625) y Murcia (532), mientras que, con una deuda inferior a los 500 millones se sitúan Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y Asturias. A la cola, La Rioja, Navarra y Cantabria, donde, según ATA, las administraciones son «más cumplidoras» y su deuda con los autónomos y microempresas no supera los 200 millones de euros.

Según el último barómetro realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de esta organización, el 60,6% de los autónomos se ve afectado por la morosidad pública y cuatro de cada diez tarda más de seis meses en cobrar sus facturas, aunque en el 30% se llega a un año.

Además, el periodo medio de pago de las administraciones públicas se sitúa en 170 días, lo que contrasta con el resto de Europa, donde los plazos de pago a autónomos se van reduciendo, según Amor. El informe también pone de relieve que los autónomos han adelantado más de 1.600 millones de euros en concepto de IVA por unas facturas que aún no han cobrado.

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La situación es difícil y las soluciones exigen agudizar el ingenio y aunar esfuerzos. Es por eso que desde ATA solicitan la puesta en marcha de una línea ICO que esté acompañada de un régimen sancionador que obligue a las administraciones a abonar intereses de demora o que permita compensar estas deudas con los impuestos o cotizaciones. ATA resalta en su informe que un 95% de las administraciones públicas en España incumple la Ley de Morosidad y las considera el principal foco de destrucción de empleo de autónomos y microempresas.

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