Contratar a un trabajador «en negro» les saldrá desde hoy mucho más caro a las empresas. Hoy entran en vigor las nuevas saciones que penalizan esta práctica irregular. Sanciones que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros, una cuantía que quintuplica las multas actuales y que serán especialmente duras con las empresas reincidentes.
El pasado 29 de abril el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que fijaba un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, siempre ha defendido que el plan persigue recuperar el mayor número de cotizantes posibles, y que no conllevaría ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados ‘sumergidos’.
El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de hoy una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos ‘en negro’, la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.
Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.
