La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría avisó ayer de que el paquete del penúltimo día del año contendrá medidas «prioritarias e impresindibles» para hacer frente a la crisis, pero no será el ajuste del gasto definitivo. Ese vendrá con los Presupuestos del Estado para 2012, que se presentarán en marzo, justo después de las elecciones andaluzas, y serán aprobados en junio.
La congelación o la rebaja de los sueldos a los funcionarios de todas las administraciones será la decisión estrella, aunque el Ejecutivo se debate entre dejar las remuneraciones sin cambios o reducirlas. Lo que no habrá en ningún caso es actualización de los sueldos en relación a la inflación y mucho menos un aumento.
Dejar los sueldos de los funcionarios en la nevera por segundo año consecutivo supondrá un ahorro de unos 2.000 millones de euros, según los primeros cálculos gubernamentales. La medida afectaría a los trabajadores públicos de todas las administraciones, es decir a 2,6 millones largos de personas. La mitad son asalariados de las comunidades autónomas, algo más de 600.000 de los ayuntamientos y diputaciones, 583.000 son funcionarios estatales y poco más de 100.000 cobran su nómina en el mundo universitario.
