El pasado día 14 la CEOE distribuía entre sus asociados una nota en la que califica la convocatoria del 29-M como «una huelga política cuya motivación principal es poner en tela de juicio el ejercicio de la soberanía nacional por medio del Parlamento». UGT estudia emprender acciones judiciales contra la patronal por ello.
Esta circular, que consta de 10 páginas, dedica las cuatro primeras a argumentar el carácter político de la huelga general. A su juicio, «la convocatoria va dirigida sólo contra el Gobierno de la nación y las instituciones parlamentarias en las que reside la soberanía nacional«. El objeto del paro, explica, es la reforma laboral, que los sindicatos consideran la «más regresiva» de la democracia, así como las «políticas presupuestarias restrictivas», que empujan al recorte del gasto social.
Tras destacar «el riesgo de violencia y daños» que implica una huelga general, la nota de la CEOE indica a los empresarios qué deben hacer el 29-M o incluso antes, como «controlar el absentismo en los días previos» o «no sustituir las horas de trabajo de esa fecha por vacaciones o cambios de turno».
Lo cierto, es que la huelga está reconocida como un derecho fundamental en el artículo 28.2 de la Constitución, se rige en España por un decreto ley de 1977, que ha sido enmendado por el Tribunal Constitucional.
