Tal y como argumenta el Gobierno, se ha detectado un incremento de personas que cobran el paro y residen fuera de España. Por ello, estudia introducir este mismo año una, tal y como señalan, «innovadora modalidad de control del fraude» en el cobro de las prestaciones por desempleo mediante controles de salida del país.
El Gobierno planea revisar «fundamentalmente» los registros de salidas y entradas en el pasaporte, según consta en el plan integral contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que aparece detallado en el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), antiguo Inem, obligará también a los desempleados a presentarse en sus oficinas «en días y horas» determinados para controlar posibles casos de fraude en el cobro de las prestaciones, especialmente en aquellos casos en los que el beneficiario recibe el cobro pero reside en el extranjero, supuesto en el que se contempla la extinción de la prestación.
Por otra parte, se cruzarán los datos con la Agencia Tributaria para comprobar los complementos a pensionistas y subsidios por cargas familiares. Asimismo, se controlarán las altas del sistema especial de trabajadores por cuenta ajena del sector agraria, cuyas incidencias superaron el 30% en 2010.
Además, el plan incluye sesiones informativas para formar a los desempleados en materia de derechos y obligaciones. En este sentido, el Gobierno prevé potenciar la acción de promotores y orientadores para que los perceptores de prestaciones por desempleo sean «conscientes» de que su percepción «no es un derecho derivado de las cotizaciones realizadas, sino que exige una serie de obligaciones consecuentes con su disponibilidad para trabajar».
