Otra de las medidas no anunciadas por el Gobierno durante su comparecencia en el Congreso la semana pasada, pero que sí aparecen en el Real Decreto-ley aprobado el pasado viernes y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es que los trabajadores optarán a indemnizaciones más reducidas en caso de que las empresas se declaren en insolvencia o en concurso de acreedores.
El reajuste de Fogasa se caracteriza por la limitación de las indenmizaciones que recibirían los trabajadores de empresas inmersas en procedimientos concursales. Independientemente de lo acordado durante el proceso concursal, las indemnizaciones se calcularán sobre la base de 20 días por año de servicio, con un tope máximo de anualidad, y sin que el salario diario pueda exceder el doble del salario mínimo interprofesional (SMI), antes era el tripe del SMI.
El presupuesto del Fogasa para 2012 asciende a 1.275 millones de euros, un 15% menos que en 2011. Hasta mayo, el Fogasa abonó 242,3 millones de euros, un 8,8% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
