España ya tiene su propio portal de la transparencia. Accesible en la URL transparencia.gob.es, el portal inicia su andadura con la indexación de más de 500.000 datos, entre los que se incluyen las subvenciones que reciben los distintos partidos políticos, información detallada sobre los altos cargos de la administración, concursos públicos, asignaciones presupuestarias, etc. El desarrollo del portal ha costado más de 300.000 euros y nace un año después de ser anunciado en el BOE.
El Gobierno quiere dar a conocer esta herramienta de consulta de información y con ese objetivo hará una campaña publicitaria a principios de 2015, una vez que pasen las fiestas navideñas. Un total de nueve ofertas se han recibido para esa campaña que, finalmente costará 36.000 euros. De hecho, ese contrato podrá consultarse este miércoles en el portal.
En el apartado relativo a la información institucional, se podrá consultar la información sobre estructura de los ministerios, CV de altos cargos y objetivos de los diferentes ministerios. En el apartado referido a normativa, se podrá ver tanto las leyes en vigor como los anteproyectos que están en fase de elaboración, incluyendo informes de órganos como el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado una vez que el texto ha dejado de ser anteproyecto.
En el apartado de información de carácter económico, estarán disponibles datos sobre contratación, convenios, subvenciones, subvenciones a partidos políticos, información presupuestaria, cuentas anuales e informes de auditoría, inventario de bienes inmuebles de la Administración General del Estado, información estadística, resoluciones de autorización y reconocimiento de compatibilidad de empleados públicos, retribuciones de altos cargos, o autorizaciones concedidas para ejercer la actividad privada tras el cese.
Un portal no tan transparente
Teóricamente la inauguración del portal supone que cualquier ciudadano podrá a partir de este miércoles solicitar información a través del portal, y que deberá recibir en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo la propia Ley de Transparencia marca unos limites relativos a la seguridad ciudadana, la defensa nacional o la protección de datos, entre otros. Y aunque esto en principio puede tener cierto sentido, la ley guarda la suficiente ambigüedad como para que cualquier información que se requiera pueda ser sujeta a protección para cualquiera de estos supuestos.
A la hora de pedir información, se podrá elegir si se quiere notificación a través del portal de la transparencia o notificación por correo postal. A partir de ese momento se obtendrá un justificante de registro que da fe de que se ha iniciado un procedimiento administrativo. Si en el plazo de un mes no hay respuesta de la Administración o la información proporcionada es insatisfactoria para el ciudadano, se podrá presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia. Aunque es de aplaudir que exista un consejo de la transparencia, no lo es tanto el hecho de que no se trate de un consejo independiente, ya que en principio sólo contará con miembros nombrados, ojo al dato, por el PP y el PSOE. ¿Transparencia?
Para las solicitudes de información que tengan que ver con la Casa Real se utilizará como canal la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. En abril del año pasado, al hilo de casos que afectaban a la Familia Real como el llamado ‘caso Urdangarín’, la Casa Real aceptó ser incluida en la Ley de Transparencia pero solo se podrá conocer aquella información que está en los Ministerios y que está presupuestada. Es decir, quedan fuera todas esas partidas presupuestarias englobadas en el famoso «Otros» y que nunca conocerán los ciudadanos. Comparada con la fiscalización que se hace de los gastos de la Casa Real británica, la transparencia de la española parece una broma.
A pesar de ello, fuentes del Ejecutivo consideran que si esta norma hubiera estado antes en vigor se habrían evitado muchos escándalos como el llamado ‘caso Gürtel’, ya que la web dispondrá de un elevado nivel de información relativo a contratación, por ejemplo. «La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción», indican en el comunicado institucional.
