A partir de ayer 1 de enero, el ecommerce se ha empezado a ver afectado por una serie de normativas y regulaciones que tratan de unificar y reglamentar un sector en continúo crecimiento, el del ecommerce. De hecho, recientes estudios, como el “Global B2C E-commerce” realizado “Ecommerce Europe” revelan, que el crecimiento de la cifra de negocio de las ventas online a nivel mundial se situará en el 22.9% al cierre de 2014, alcanzando los 1,907 billones de dólares.
En concreto, en Europa, se estima que hay 264 millones de compradores online, que realizan un volumen de compras de 363 billones con un crecimiento del 16.3%. España es el quinto mayor mercado de Europa, donde el m-commerce está en auge (3.1 billones de € en 2013 y crecimiento del 22.7%).
Para las pymes que venden productos y servicios digitales, es importante conocer que, junto con la normativa, se ha creado un Régimen Especial para la tributación del IVA de las empresas de prestación de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos (One-Stop Shop), que permite a las empresas realizar su declaración de IVA desde una única localización. Las compañías deben darse de alta de forma voluntaria.
Veamos qué hay que tener en cuenta a partir de ahora:
Desde el 1 de Enero, el tipo de IVA a aplicar a los servicios vendidos será el que esté vigente en el país de la Unión Europea donde resida el consumidor, en lugar del IVA vigente en el país desde el que se preste el servicio. Por ejemplo, el 21% para los productos vendidos en España.
Desde el 15 de Enero, las empresas de ecommerce deberán emitir factura electrónica a todo aquel consumidor que lo solicite expresamente en el momento de la compra y aquellos que acepten recibirla, dentro del Plan de Impulso a la Factura Electrónica.
Adicionalmente a los requerimientos administrativos que rigen el ecommerce, será necesario ser especialmente precavido en el cumplimiento de normativas en cuanto a protección de datos y utilización de cookies que facilitan la transacción comercial (Ley General de Telecomunicaciones, publicada el 10 de mayo de 2014 en el BOE).
De acuerdo con los reguladores europeos, el fin de esta normativa es que las empresas de la región cuenten con una ventaja competitiva frente a las multinacionales que operan en los países de la Unión Europea y llegadas de otras regiones.
