Un tercio de las pymes españolas asegura que contratarían más empleados si los periodos de cobro fueran más cortos, según recoge el Informe Europeo de Pagos elaborado por la compañía de gestión de créditos Intrum Justitia. Dos tercios de las empresas afirman que el retraso en el pago por parte de las grandes compañías es intencionado.
Otros datos del estudio aseguran que el 65 % de las pequeñas y medianas empresas ha aceptado plazos de pago más largos de lo que desearían, y un 21 % asegura que esa demanda de alargar los plazos provino de una gran multinacional.
Casi dos tercios de las pymes señalan que los retrasos en los pagos son intencionados, y sugieren un cambio de actitud por parte de las grandes compañías para solucionar el problema. El director general de Intrum Justitia Ibérica, Juan Carlos González, señala en un comunicado que las grandes corporaciones obligan “de manera deliverada” a las pymes “a financiar su flujo de efectivo”, y que esta actitud “genera desequilibrios en la sociedad”.
Por otro lado, el estudio refleja que las pymes están menos protegidas frente a los retrasos en los pagos. El 34 % de las empresas españolas encuestadas asegura que no cuentan con garantías bancarias, seguros de crédito, comprobaciones de crédito, prepagos, servicios de cobro de deudas o protección contra impagos.
España es, junto a Italia, Grecia y Portugal, el país europeo con los plazos de pago entre empresas más largo. Además, las empresas españolas se encuentran entre las que más tarde cobran una vez cumplida la fecha de vencimiento de la deuda, por detrás de Italia, Portugal y Croacia.
El 45 % de las pymes europeas señala que ha aceptado plazos de pago más largos, y un 35 % asegura que esa demanda provino de una gran multinacional. El 63 % de las empresas europeas asegura que ese retraso en los pagos es intencionado.
