La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) y la Confederación Española de Transportes en Autobús (CONFEBÚS) enviaron una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para expresarle su
preocupación ante los perjuicios que la reducción de la jornada laboral tendría en el cumplimiento de servicios esenciales para el ciudadano.
Ambos colectivos destacan la imposibilidad impuesta por la tasa de reposición para llevar a cabo nuevas contrataciones e
insisten en la imposibilidad de trasladar los incrementos de costes a aquellas explotaciones que se rigen por contratos de concesión dada la legislación vigente.
Tanto ATUC como CONFEBÚS han emplazado a Yolanda Díaz a mantener una reunión para poder tratar todos estos aspectos en profundidad. El sector del transporte público es un eje estratégico en España, tal y como demuestran los últimos datos del INE: durante 2023, el transporte público tuvo más de 5.100 millones de viajeros en el cómputo total del año, lo que supone un 18,2% más que en 2022 y por encima de los 5.081,5 millones de 2019, último año antes de la pandemia.
Además, ambas organizaciones también reivindican el papel estratégico del transporte público: “Apuesta por la descarbonzación del Sector y por un modelo eficiente, sostenible, justo e inclusivo que impulse el proceso de reducción de emisiones para cumplir con las exigencias de las agendas 2030 y 2050”, aseguran.
Un coste de 300 millones de euros anuales para el sector
ATUC y CONFEBUS encargaron un informe especializado para saber cuál sería el gasto de personal asociado a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. El informe analiza dos grandes bloques: por un lado, transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros; por el otro, otro tipo de transporte terrestre de pasajeros, que comprende los servicios regulares interurbanos de transporte en autobús, servicios discrecionales de autocares, para excursiones, escolares, trabajadores… y los servicios de autobuses dentro de los aeropuertos.
La principal conclusión del informe es que el incremento de personal asociado a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales podría situarse en una cuanha superior a los 300 millones de euros anuales. Algo que “sería insostenible”, según las impresiones de ATUC y CONFEBÚS. Ambas organizaciones recuerdan que la productividad del sector está directamente relacionada con el número de horas trabajadas, por la propia actividad en sí, por lo que la reducción implicaría una caída inmediata de todo esto en el sector.
