La emisión de moneda, entendida por siglos como un pilar para la soberanía de las naciones, podría tambalearse con la llegada del euro digital. Según el propio Banco Central Europeo (BCE), esta forma de dinero electrónica será accesible a todos los ciudadanos, complementando el efectivo, pero con todas las implicaciones tecnológicas y políticas de una moneda digital centralizada. Informes del BCE aseguran que un 55% de los consumidores de la zona euro prefieren realizar sus pagos de forma digital, llegando a 67.000 millones de transacciones en medios distintos al efectivo en el primer semestre de 2023, lo que representa un incremento del 10,1% interanual.
Y aunque estos datos parecen amparar la adopción de este CBDC (Central Bank Digital Currency) minorista y el Consejo de la UE, junto al Parlamento Europeo, aseguran que garantizará la accesibilidad, seguridad y bajo coste para todos, voces críticas como la de Abel Marín, socio de Marín & Mateo Abogados, expresa sus dudas y escepticismo ante su implementación: “El BCE lo ha definido como una versión digital del efectivo, pero no lo es. No es anónimo, ni libre, ni tangible. Es un apunte en una base de datos controlada, emitido sin respaldo físico y sin garantía alguna de privacidad”, asegura.
“De hecho, tampoco existe una necesidad real”, añade Marín. “Aunque la digitalización es una tendencia al alza, el efectivo sigue siendo ampliamente utilizado y valorado por su anonimato y facilidad de uso, lo que hace prescindible introducir una moneda digital. Sin embargo, el problema principal está en cómo se quiere implementar”. Un informe interno del BCE sugiere que esta novedad podría conllevar la retirada de cinco de cada diez euros en circulación en efectivo. Este dato, aunque una estimación, ilustra el potencial impacto en la forma en que se utiliza el dinero.
Privacidad, vigilancia y consentimiento
Si el marco legal se aprueba, el BCE podrá decidir emitir oficialmente el euro digital en 2026 o 2027. Este sistema financiero paralelo ofrecerá, según declaraciones del propio organismo, un nivel de confidencialidad similar al del efectivo en las transacciones, aunque no será completamente anónimo. Según las propias “condiciones de uso” que especifica el BCE, el euro digital supone que se podría controlar el cómo, el dónde y el cuándo se gasta ese dinero digital.
“El Eurosistema podría acceder a algunos datos en los pagos online con la intención de prevenir actividades ilícitas, abriendo la puerta a una vigilancia masiva y al control de hábitos de gasto de los ciudadanos”, explica Abel Marín. “Además, las instituciones pueden ser objeto de filtraciones de datos, poniendo en peligro la información financiera de los ciudadanos”.
A este riesgo se suma la preocupación sobre su funcionamiento en situaciones extremas, como quedó patente con el apagón del 28 de abril. El colapso temporal de los sistemas eléctricos y digitales durante esa jornada reabrió el debate sobre la dependencia tecnológica del dinero digital. En un escenario así, millones de ciudadanos podrían quedar sin acceso a sus fondos, revelando la importancia de conservar el efectivo como respaldo físico ante posibles fallos sistémicos.
No hay que dejar de lado que el euro digital representa una moneda distinta y que no puede asumirse como una extensión del euro actual, lo que significa que no está incluído en los tratados de los países miembros de la UE. “Imponerlo sin referéndum, sin debate público real y sin consentimiento es un error. La relación entre el ciudadano y su dinero desaparecerá tal y como la conocemos, y eso necesita de un nuevo contrato social entre el Estado y el pueblo”.
Accesibilidad y estabilidad financiera
La introducción de una moneda digital podría agrandar la brecha digital entre los ciudadanos que no tienen acceso o conocimientos para utilizar herramientas digitales avanzadas, excluyendo a segmentos de la población. También es necesario poner el foco en la estabilidad financiera que podría suponer la alteración de la intermediación bancaria tradicional.
Uno de los aspectos que más se han debatido sobre esta nueva moneda es el límite de almacenamiento, que se plantea en 3.000 € para garantizar la estabilidad del sistema bancario tradicional y no generar riesgos. “Sin embargo, estas líneas rojas aún no son claras, lo que abre la puerta a una reducción de la capacidad de los bancos para otorgar créditos si se da un traslado masivo de depósitos”, alerta el abogado.
El hecho de que Europa no haya querido quedarse atrás frente al dólar digital de Estados Unidos o el yuan digital de China por miedo a perder soberanía monetaria podría estar precipitando la implementación de esta nueva moneda europea. “Si bien esta iniciativa es una respuesta a la evolución digital de los sistemas de pago, ya existen alternativas al efectivo o a las que el euro digital no aportaría gran valor añadido, como por ejemplo Paypal, Bizum, plataformas de BNPL o monederos digitales”, concluye Abel Marín.
