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Jueves, 12 Noviembre 2026

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La obligatoriedad de la facturación electrónica se retrasa hasta 2027

retraso

El Gobierno acaba de anunciar el aplazamiento de la entrada en vigor de la facturación electrónica (entre la que se encuentra Verifactu), una herramienta clave para el control de la facturación en empresas y autónomos, cuyo despliegue obligatorio estaba previsto para las empresas dentro de un mes. La nueva fecha de implantación obligatoria se pospone hasta el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos,  según ha confirmado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado oficial.

Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica que obliga a los contribuyentes a remitir sus datos de facturación en tiempo real a la Agencia Tributaria, forma parte del plan de digitalización y lucha contra el fraude fiscal que promueve el Gobierno desde 2021. Su principal objetivo es aumentar la transparencia, evitar el uso de software de doble uso y mejorar el control del IVA.

Motivos oficiales del aplazamiento

El retraso responde, según fuentes ministeriales, a “la necesidad de ofrecer más tiempo a las empresas, especialmente pymes y autónomos, para adaptarse de forma adecuada a las exigencias técnicas del nuevo sistema”.

El desarrollo de los reglamentos técnicos, así como los requerimientos de software y certificación, han avanzado más lentamente de lo previsto, y varios sectores empresariales habían solicitado más margen para realizar las adaptaciones necesarias.

En particular, asociaciones de asesores fiscales y organizaciones empresariales como CEOE y ATA habían advertido sobre la “incertidumbre normativa y técnica” que aún rodeaba al sistema, y habían pedido su paralización o aplazamiento temporal para evitar perjuicios a los pequeños contribuyentes.

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Además, fuentes periodísticas afirman que sería un compromiso a cumplir con Junts, que se hará efectivo a través de un Decreto Ley que incluye «una ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debía entrar en vigor en apenas un mes».

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